‘Le porc patron’
Miquel Puig (este artículo ha sido publicado en La Vanguardia)
Barcelona ha bajado de su pedestal a Antonio López, fundador de Tabacos de Filipinas y del Banco Hispano Colonial, marqués de Comillas y mecenas de Verdaguer. No ha perdido su estatua por ninguno de estos motivos, sino porque siempre se ha considerado que su fortuna procedía del comercio de esclavos en Cuba. En Barcelona eran muchos lo que le llamaban “López, el negrero”.
Lo hacen recurriendo a “cooperativas” de las que los trabajadores serían (falsos) socios. El primer empresario que recurrió a esta práctica debía obtener un jugoso beneficio, y el ejemplo se ha esparcido
Afortunadamente, la esclavitud nos queda lejos, pero esto no significa que haya desaparecido la necesidad de proteger a los más débiles de los abusos de empresarios sin escrúpulos. Aquí y en todas partes.
El 22 de octubre del 2013, Francia acusó Alemania de practicar el “dumping salarial” en el sector de los mataderos, que consideraba culpable de la crisis del sector en Bretaña, donde los cierres se sucedían desde el año anterior, dejando en la calle a miles de trabajadores. Reuters informaba que el coste total por hora en el sector era en Francia de 34,2 euros, mientras que en Alemania era 30,4 euros. Ahora bien, el problema no era esta diferencia, sino que los mataderos alemanes estaban subcontratando a empresas rumanas y búlgaras, las cuales enviaban a sus trabajadores a las instalaciones alemanas con salarios muy por debajo del convenio alemán.
Alemania siempre había confiado en la negociación colectiva, pero el escándalo internacional pudo más que la tradición, y Merkel se vio obligada a establecer un salario mínimo de 7,75 euros/hora para la industria cárnica a partir del uno de julio del 2014. Seis meses después, y para impedir que otros sectores pudieran practicar “dumping salarial” con trabajadores del Este, Alemania introducía por primera vez un salario mínimo interprofesional (de 8,5 euros/h).
En el 2018, en Catalunya, empresarios cárnicos explotan a trabajadores pagándoles la mitad que lo que dice el convenio y sometiéndoles a condiciones impropias de un país decente. Lo hacen recurriendo a “cooperativas” de las que los trabajadores serían (falsos) socios. El primer empresario que recurrió a esta práctica debía obtener un jugoso beneficio, y el ejemplo se ha esparcido. Tenemos dos pruebas: la primera, que la inspección de trabajo de la Generalitat está trabajando con una cincuentena de denuncias, que han llevado a imponer la regularización de cientos de trabajadores; la segunda, que las patronales del sector (Fecic y Anafric) permanecen silenciosas ante las inspecciones, que en algunos casos han sido muy aparatosas. Como dijo Churchill justificando la introducción del salario mínimo en Gran Bretaña (1909): “En el caso de los trabajos poco cualificados, el buen empresario está socavado por el malo, y el malo por el peor; cuando prevalecen estas condiciones no se da el progreso, sino la degeneración progresiva”.
Las víctimas de estos abusos son, en general, negros subsaharianos, lo que convierte a sus explotadores en émulos de Antonio López y López. Esperemos que la Generalitat les descabalgue con mayor celeridad.