5 de junio, emisión on-line: Las medidas contra el cambio climático y el Tratado de la Carta de la Energía son incompatibles

ELA ha firmado la carta para pedir la salida del estado español del Tratado de la Carta de la Energía junto con otros 200 movimientos sociales y sindicatos. El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un pacto multilateral de apoyo a las inversiones en el sector energético creado a finales de la década los 90. Actualmente lo han ratificado 53 países de Europa y Asia. El próximo mes de julio comienza el segundo periodo de negociaciones para actualizar el pacto. Poca gente lo conoce, pero va a tener más influencia en nuestras vidas de lo que pensamos. El TCE será un obstáculo para priorizar la inversión en energías renovables y eficiencia energética, someter la producción de energía al control público y tomar medidas para acabar con la pobreza energética.

Estas son algunas de las claves para entender qué es el Tratado de la Carta de la Energía:

• Ha sido firmado por 53 países de Europa y Asia, y aunque supone riesgos para los países, se está extendiendo a África y América Latina.

• Pone los intereses de los inversores por encima del bien común. Los inversores extranjeros que hayan invertido en el país podrán denunciar al Gobierno si consideran que han aprobado leyes contrarias a sus intereses económicos presentes y futuros. Pero los gobiernos no pueden denunciar a los inversores en el marco de la TCE.

• Las denuncias se resuelven ante tribunales de arbitraje internacionales privados. Funcionan fuera de los tribunales públicos y las resoluciones son inapelables.

• El Estado español ya ha sido condenado a pagar 1.046 millones de euros, la mitad del presupuesto de educación o servicios sociales. El importe de las multas procede de los Presupuestos Generales del Estado. Aún quedan 28 denuncias pendientes de resolver y la multa podría alcanzar los 8.000 millones de euros, el doble que el presupuesto de la sanidad en 2018.

• Es incompatible con el Acuerdo de París para combatir el cambio climático, ya que apoya las inversiones en energías fósiles.

• La mera amenaza de las denuncias lleva a los gobiernos a no aprobar leyes. El Tratado cuestiona las medidas de transición energética: abandono de las energías fósiles, fomento de las renovables, lucha contra la pobreza energética y control público de la generación energética.

Mientras que la UE y el Estado español ya han declarado la emergencia climática y pretenden estar a la vanguardia de la acción por el clima, resulta incongruente permanecer en un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles. En consecuencia, los movimientos sociales y sindicatos firmantes hacemos el siguiente llamamiento al Estado español:

• Retirarse del TCE y plantear en el Consejo de la UE su derogación de manera conjunta. El artículo 47 del TCE prevé la retirada del Tratado en cualquier momento. Italia, por ejemplo, ya lo hizo en 2016. Es simplemente una cuestión de voluntad política.

• No seguir con el actual proceso de modernización del TCE, ya que, por su limitado alcance y los conflictos de intereses involucrados, difícilmente podrá dar lugar a un tratado respetuoso con el clima y el medio ambiente.

• Poner freno de inmediato al proceso de expansión geográfica del TCE y no permitir ninguna nueva adhesión al mismo en su estado actual.

• Solicitar la eliminación de los mecanismos de resolución de conflictos inversor-Estado, ya sean el ISDS, el ICS, o el Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC), tanto en el TCE como en otros acuerdos actuales y futuros.

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