Ahora o nunca

Janire Landaluze, Boletín del Gabinete de Estudios nº40

El pasado 22 de marzo el gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto-Ley 4/2015 para reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. El propio gobierno señalaba necesaria la reforma debido a que:

• La oferta formativa existente hasta la fecha no contribuía a incrementar la empleabilidad.

• Los contenidos formativos no se correspondían con las necesidades del tejido productivo.

• La escasa competencia entre proveedores limitaba la oferta formativa y encarecía los servicios.

Este diagnóstico es también aplicable a lo que sucede en la CAPV y en Navarra. Destaca el hecho de la urgencia del decreto. Esta reforma ha estado sobre la mesa del diálogo social estatal durante meses. Sus componentes manifestaban que se compartía el diagnóstico de la situación de la formación, que situaciones acaecidas en el pasado y hoy en vía judicial no podían repetirse y que por tanto, era necesario sobre todo por la importancia e influencia de la materia para el empleo abordar su reforma. Lo “curioso” ha sido su final. El gobierno ha acabado aprobando la reforma sin la foto, sin acuerdo, Patronal y CCOO y UGT no lo han apoyado. Y analizando las diferencias entre el anterior sistema y el que se propone todo encaja.

En nuestra opinión, la reforma de Rajoy tiene dos objetivos:

• uno, dar mayor centralización de la formación profesional para el empleo, algunos ejemplos: el sistema deberá garantizar la unidad de mercado; la unidad de cuota de formación, los fondos procedentes de los presupuestos generales del estado que se vayan a repartir entre las Comunidades Autónomas se repartirán según decida el Estado; se establecen mecanismos estatales de planificación (prospección y detección de necesidades), programación y ejecución de la formación (tipos de formación posibles), evaluación, control, módulos económicos o financiación de la formación profesional para el empleo, que se pretende que sean de obligado cumplimiento en las Comunidades Autónomas.

• y dos, reducir el papel de las organizaciones empresariales y sindicales. La participación de los agentes sociales se centra “en el diseño, planificación y programación de la oferta formativa dirigida a los trabajadores” (es decir, en adelante no podrán impartir), la formación para el empleo “deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación, públicos y privados, acreditados y/o inscritos conforme a la normativa vigente” las bases de las subvenciones “no podrán incluir, en ningún caso, criterios de concesión de las subvenciones que impliquen la reserva de actividad para determinadas entidades, así como criterios ajenos a aspectos de solvencia técnica y financiera” . Desaparece la Fundación tripartita y se crea la Fundación Estatal para la Formación para el Empleo, como ámbito de decisión sobre el sistema. En su composición el gobierno del estado se asigna la mayoría y a diferencia de antes también participarán las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Aun así quedan aspectos importantes pendientes por regular, determinantes y que clarificarán de manera importante el devenir de la formación para el empleo. Y preguntas importantes o dudas cuyas respuestas tenemos bastante claras, ¿de verdad los no firmantes van a perder? Y ¿Existe una invasión competencial?

Este Decreto ofrece al Gobierno Vasco la oportunidad de fijar en público de una vez por todas la misma posición que mantiene en privado.. Aunque entienden que el modelo es una forma de financiación clara para patronal, CCOO y UGT y que debe cambiarse, hasta ahora le han dado cobertura. Ahora es cuando y señal de una verdadera voluntad política. Y el Gobierno de Navarra no ha dicho gran cosa. Pretende seguir aplicando el modelo de asignar directamente los programas a la CEN, CCOO y UGT. Es urgente cambiar el modelo.