Análisis de los presupuestos de la CAPV y Navarra para 2023: ¿Qué hay detrás de la propaganda?
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CONCLUSIONES
Nos encontramos en un proceso de empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora,dados los altos precios y la no actualización de los salarios. Por esta razón, los presupuestos para el año 2023 adquieren una gran importancia y tendrían que servir de escudo para las personas más vulnerables, deberían garantizar unos servicios públicos de calidad y contribuir al bienestar, la transición ecosocial y al empleo de calidad.
Tal y como hemos podido observar, los presupuestos para 2023 vienen a seguir la línea de los proyectos de años anteriores. Mucha propaganda, pero a la hora de la verdad, las cuentas muestran pocos cambios. Ni la pandemia, ni la crisis de inflación que estamos viviendo parecen ser suficientes para que se desarrolle una política de gasto público expansiva.
En cuanto a los presupuestos de la CAPV, los ingresos públicos durante el año 2021 fueron muy superiores a los esperados. Debido a las aportaciones de las Diputaciones Forales y las transferencias del Estado español y de Europa, el Gobierno Vasco ingresó más de 2.200 millones más.
Sin embargo, no se aprovecharon estos ingresos para aumentar el gasto público; se utilizaron para emitir la mitad de la deuda que estaba prevista y más de 1.000 millones se quedaron sin utilizar. En el año 2022, a pesar del aumento de las aportaciones de las Diputaciones Forales, se prevé un déficit del 10%. De abordarse una reforma fiscal, no estaríamos hablando de situaciones de déficit. Para el año 2023, baja el gasto en sanidad y el de educación se mantiene en los mismos niveles. El proyecto de presupuestos sigue recogiendo la aplicación de importantes recortes en la cuantía de la RGI, así como una escasísima dotación de las políticas de vivienda. Para el año que viene se incorporan por primera vez los fondos europeos MRR en el presupuesto de ingresos, si bien se han incorporado los últimos años como disposiciones adicionales. No obstante, analizando el gasto de estos fondos, no suponen ningún cambio estructural en el presupuesto.
En el caso de Navarra, es el peor presupuesto de toda la legislatura, un presupuesto hecho sin participación social ni sindical. El crecimiento del presupuesto es muy pequeño, y está muy por debajo de las previsiones de crecimiento del IPC y del PIB. Esto supone que la Administración Pública pierda peso respecto a la economía. De modo que se vuelve a las políticas de austeridad sin haber sacado ninguna conclusión de las lecciones de la pandemia, y se prepara el camino
para futuros recortes. El acuerdo con EH Bildu no tiene contenido: aprueban todo el presupuesto y renuncian a una reforma fiscal a cambio del 0,26% del presupuesto. La estrategia política de la izquierda parlamentaria pasa por validar una política presupuestaria y fiscal antisocial. ELA anhela una izquierda institucional que ejerza de oposición, y sea aliada para aquellas fuerzas sindicales y sociales que defendemos la transformación radical de las políticas presupuestarias y fiscales. El papel de la izquierda no puede limitarse a maquillar unos presupuestos antisociales, porque los presupuestos no pasan a ser buenos en función de quién los firma, sino en función de su contenido.
Se puede concluir que estos presupuestos inciden en su carácter continuista y, además, se pierde una gran oportunidad para realizar una inversión mayor en partidas que se han visto mermadas durante muchos años. El gasto público es un motor de la economía y en ese sentido el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra deberían tener un mayor peso mediante la inversión pública; pero no solo en cuestiones que proporcionen un servicio a la ciudadanía, sino también en empresas estratégicas, así como en empresas que generen un mayor valor añadido.
PROPUESTAS
El sector público debe liderar el proceso de revertir el empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora, y avanzar en garantizar el derecho efectivo a tener acceso a la cobertura de los derechos sociales (sanidad, educación, vivienda, prestaciones sociales), partiendo de la premisa de que el cambio de modelo es necesario. Es imprescindible afrontar la crisis ecológica que vivimos, lo que requiere un fuerte impulso público para transformar de manera radical el actual modelo de producción, movilidad y consumo. Ese cambio de modelo debe acabar con la colaboración público-privada para asumir desde lo público el control de empresas estratégicas o crear empresas nuevas que respondan a las necesidades de la sociedad. Asimismo, la política presupuestaria debe incorporar un análisis con enfoque de género.
Ante este escenario, ELA considera imprescindible tomar medidas, tanto en el ámbito de los ingresos, como en el de los gastos:
1. Una reforma fiscal urgente y lucha contra el fraude fiscal
La presión fiscal en la CAPV y Navarra es muy inferior a la de la media de la Unión Europea. Como queda en evidencia en los informes de ELA sobre la fiscalidad, ello se debe al fraude fiscal existente en las rentas no salariales y a que los impuestos que pagan las rentas altas, las empresas y el capital se han reducido en las sucesivas reformas fiscales aprobadas en las últimas décadas. Para equiparar la presión fiscal a la media europea se deberían recaudar al año 4.640 más en la CAPV y 1.675 millones más en Navarra. Por eso es necesario revisar y cambiar de arriba a abajo las estructuras de los impuestos, que están diseñados para favorecer los intereses de las empresas y las rentas más altas. No habrá justicia social sin un sistema tributario justo, entendiendo la justicia fiscal desde la redistribución de la riqueza y una recaudación suficiente para garantizar los servicios públicos. Es por eso que, para poder hacer frente al pago de esa deuda sin aplicar recortes en un futuro, es necesaria una reforma fiscal. Hay varias cuestiones que se deben abordar en esa reforma, para las que ELA ya propuso medidas concretas para aumentar los ingresos públicos. Entre los cuales estarían:
1. Un IRPF más progresivo. Aumento de los tipos impositivos y modificar la escala, llevando el tipo marginal máximo al 60%; eliminación de la tarifa específica del capital. Modificación de la tributación de la EPSV y planes de pensiones.
2. Impuesto sobre Sociedades: establecimiento de un tipo mínimo efectivo del 25% sobre los beneficios, eliminar las deducciones e incentivos y establecer un recargo especial en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2021 equivalente a un mínimo del 50% de los beneficios de ese año.
3. Impuesto sobre Patrimonio, riqueza y grandes fortunas. Establecer un recargo específico, que sea progresivo y se sitúe entre el 1% y el 10%.
4. Aumentar la dotación para la lucha contra el fraude fiscal.
2. Aprovechar la suspensión de las reglas fiscales para aumentar el gasto público
Cumpliendo los plazos previstos, la Comisión Europea acaba de anunciar una reforma de las reglas fiscales a partir del año 2024 que, básicamente, pretende mantener las anteriores limitaciones a la hora de incrementar los presupuestos. Esta política se va a aplicar especialmente en los países con mayor déficit y deuda, por ejemplo en el Estado español. La actual política de dotar el presupuesto por debajo de las posibilidades existentes implica mayores limitaciones para el futuro.
3. Auditoría ciudadana de la deuda
Es necesario realizar una auditoría ciudadana de la deuda pública del conjunto de las instituciones para determinar qué parte se ha generado de manera ilegítima, evitando el pago de esa parte. Este proceso debe ser participado por la ciudadanía, estando obligado el Gobierno a dar toda la información que se le demande para poder analizar al detalle la realidad de cómo se ha generado esa deuda.
4. Equiparar la inversión pública en Salud a la media europea
Como hemos indicado los déficit presupuestarios del Gobierno Vasco en Salud (5,7% del PIB) y del Gobierno de Navarra (6 % del PIB) respecto a la media de la Unión Europea (8%) son muy grandes. Se debería aumentar el presupuesto en Salud el año que viene en un 2% del PIB, lo que equivale a 1.780 y 476 millones de euros.
5. Equiparar la inversión pública en Educación a la media europea
Al igual que ocurre en Salud, el déficit de inversión pública en Educación es enorme respecto a la media europea. En concreto, se debería aumentar el presupuesto para 2023 un 20% en el caso de la CAPV y en un 40% más en Navarra, lo que equivale a 667 y 380 millones de euros de incremento respecto a las cifras que han presentado en el proyecto de presupuestos de 2023.
6. Aumento presupuestario para garantizar el derecho a acceder a una vivienda
Las propuestas de ELA sobre vivienda plantean la necesidad de que se doten los presupuestos en este apartado hasta un 2% del PIB, frente al 0,21% actual en la CAPV y 0,29% en Navarra. Esto supondría un incremento del presupuesto en al menos 1.600 millones de euros en la CAPV y 428 millones en Navarra.
7. Tener unos ingresos garantizados que permitan llevar una vida que merezca la pena ser vivida
Es necesario garantizar unas condiciones de vida dignas a todas las personas. La primera medida debe ser dar marcha atrás en los recortes aplicados en los últimos años en la cuantía de la RGI y RG. Tener unos ingresos garantizados dignos y para todas las personas que los necesiten es un elemento de justicia social que, además, evitaría las situaciones de mayor precariedad y bajos salarios.
Además, ELA exige la retirada de la reforma de la RGI que se está tramitando, para abrir un debate social, en el que el punto de partida debería ser el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular contra la pobreza y la exclusión social, presentada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, y que contó con el aval de más de 50.000 firmas. En el caso de Navarra, un primer paso es fijar el SMI con base para el cálculo de la Renta Garantizada.
8. Fondo público para impulsar la transición ecosocial
La política industrial está entregada a los intereses de las grandes empresas, incluidas las de los sectores que más responsabilidad tienen en la crisis climática. Una transición ecosocial justa requiere primar los intereses de la mayoría social respecto a los de empresas como Petronor, Iberdrola o el lobby automovilístico. Por ello, ELA defiende la necesidad de crear un fondo público para la transición ecosocial.
9. Realizar un análisis del presupuesto con enfoque de género mínimamente adecuado
Los presupuestos deberían incorporar un análisis con enfoque de género mínimamente adecuado. ELA demanda que a lo largo de 2023 se haga un análisis riguroso desde esta perspectiva, con participación social, y que los Gobiernos se comprometan a dar respuesta a las necesidades presupuestarias que resulten de dicho análisis.
10. Acordar las condiciones de trabajo del personal al servicio del Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra
Las condiciones de trabajo del personal de la Administración pública vasca y navarra deben ser decididas y acordadas en nuestro territorio. Para ello debe existir un compromiso político para respetar el resultado de las mesas de la negociación colectiva del sector público y una voluntad política de llegar a acuerdos en esas mesas.