¿Corresponde al presupuesto público complementar los bajos salarios?

Koldo Artzai, koldoartzai.wordpress.com

Sorprendido por la afirmación, comprobé, en la página oficial de Lanbide, que la cuantía máxima de la RGI es de 625,28 euros mensuales para unidad convivencial de una sola persona, que puede llegar a 888,62 si son tres o más las personas que la componen.

¿No estaremos llegando a un estadio de salarios insuficientes, que tengan que ser complementados con ayudas a cargo del presupuesto público?

Siendo así, ¿cuáles son las condiciones que ofrece esa empresa a quienes se enrolen en alguno de los barcos para los que necesita tripulación, que hacen que 888 euros, en el caso de familia de tres o más personas, desanimen a aceptar un empleo? Tal vez el argumento no sea más que un pretexto para atacar las ayudas a quienes están en riesgo de exclusión. Dicho de otra forma, cuanto peor esté la gente, más dispuesta estará a aceptar trabajar en cualquier condición.

Por otro lado, en los recientes debates electorales se han mencionado propuestas sobre conceptos como Renta Básica Universal, Ingreso Mínimo Vital, Renta Mínima Garantizada. Todos ellos orientados a paliar situaciones de pobreza en hogares sin recursos o con recursos insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Pocos han hablado, sin embargo, de asegurar ingresos para hacer frente a ese gasto, por la vía de una reforma fiscal que grave las rentas altas y otros impuestos al capital, los beneficios empresariales, etc. Cabría pensar que lo planteado no va más allá de un eslogan electoral.

Estaríamos así ante unas Administraciones Públicas que, con apariencia de sensibles con las personas necesitadas, en realidad orientan su “generosa caridad” al bolsillo de las clases pudientes.

Mientras, el Círculo de Empresarios sí que tiene propuestas concretas: bajar el Salario Mínimo Interprofesional a los trabajadores y trabajadoras jóvenes. Puestos a pedir, añaden la rebaja de las cotizaciones sociales de las empresas.

No tengo ni los datos necesarios ni la capacidad para un estudio a fondo de los mismos y del conjunto de efectos que tendría asegurar unos ingresos mínimos para todas las personas. Pero mezclando Renta Básica (simplificando en este término las distintas ayudas a quienes están faltos de recursos), prestación y subsidio de desempleo, Salario Mínimo Interprofesional e impuestos me surge, no carente de contradicciones, una duda, o más bien un temor:

¿No estaremos llegando a un estadio de salarios insuficientes, que tengan que ser complementados con ayudas a cargo del presupuesto público?

Esto tiene efectos perniciosos para las trabajadoras y trabajadores que se ven sometidos a situaciones de necesidad que les hacen más sumisos ante las empresas. Se ven debilitados y obligados a aceptar condiciones que en otro caso discutirían.

Por el contrario, las empresas se garantizan mayores márgenes, mayores plusvalías, trasladando parte del costo de asegurar la supervivencia de su mano de obra al presupuesto público. Si, además, este presupuesto se nutre de impuestos sobre las rentas del trabajo, porque el fisco es “amable” con las del capital o las empresariales o, porque, simplemente los eluden, el negocio es redondo.

Estaríamos así ante unas Administraciones Públicas que, con apariencia de sensibles con las personas necesitadas, en realidad orientan su “generosa caridad” al bolsillo de las clases pudientes.

La forma de romper con esta espiral es garantizar unos niveles salariales suficientes, mediante el establecimiento de un salario mínimo que se sitúe bastante por encima del actual de 655,20 euros mensuales en 14 pagas,  forzando, por otro lado, los incrementos salariales en la negociación colectiva.

En esta línea, la movilización de la campaña “1.200 eurotik gora – Más de 1.200 euros” es un buen ejemplo, al que hay que sumar la exigencia de una fiscalidad que garantice otro reparto de la riqueza.