Derechos sociales, autogobierno y radicalidad democrática
María Eugenia R. Palop, artículo publicado en Eldiario.es
Como ya reconocía Marshall en su "Ciudadanía y clase social", los derechos sociales tienen un carácter comunitario que solo puede realizarse en el ejercicio de una democracia amplia e incluyente, y eso, amigos, en el terreno que nos ocupa, se llama, cuando menos, referéndum.
El tema es que hay que tener un concepto muy extraño de la justicia social para defenderla obviando el sentido de pertenencia a una u otra comunidad, porque la justicia social no se ocupa únicamente de la distribución sino que también ha de considerar y valorar los vínculos que garantizan y cultivan dicha pertenencia (como bien señala Sandel, la justicia no solo trata de la manera debida de distribuir las cosas, sino también de la manera debida de valorarlas).
No podemos seguir desvinculando derechos sociales, educación, sanidad, vivienda…de empoderamiento, autogobierno y radicalidad democrática
En una sociedad realmente justa la gente no solo disfruta de un cierto bienestar, sino que puede razonar sobre el significado de lo que es y de lo que quiere ser, y, desde luego, puede tomar decisiones al respecto (creando, por supuesto, una cultura pública que acoja las discrepancias). De modo que garantizar la libertad de elección y los derechos sociales exige también estimular (y no impedir) una política de participación ciudadana y de cohesión social; fortalecer ese espacio en el que puedan discutirse nuestras ataduras, nuestros afectos, nuestras lealtades y nuestras convicciones, y en el que sea posible definir y redefinir nuestros bienes comunes. Y está claro que eso solo puede hacerse desde una comunidad “política” democráticamente organizada, en la que los factores endógenos, la identidad y el relato propio jueguen el papel que les corresponde.
En gran medida, haber asimilado esta idea ha sido la clave del éxito de ese municipalismo integrador, participativo y de vocación federativa que hoy ha saltado a la esfera nacional (ahí están las confluencias, con En Común Podem a la cabeza) y que aspira también a revertir la política autoritaria y austericida que se nos ha impuesto desde Europa. La nueva política, no hay duda, es la política del bien común, la que visualiza como un todo la lucha por los derechos sociales, la radicalización democrática y la descentralización, dándole a la gente la oportunidad de tomar decisiones, facilitando el encuentro y construyendo comunidad.
Evidentemente, nada de esto tiene que ver con tonos patrióticos y sentimentalismos excluyentes; con naciones históricas o identidades en conflicto
En fin, los derechos sociales tienen que concebirse como el fruto de una reflexión democrática, y esa reflexión no se da ni se puede dar en el vacío, sino que siempre está ligada a la adscripción, a ser parte de algo, de modo que consiste en interpretar la historia de nuestra vida personal en relación con la de los otros. Cuando cada uno de nosotros delibera acerca de lo que considera bueno reflexiona también sobre lo que es un bien para las comunidades a las que su identidad está ligada. Es más, la propia libertad individual, la autoconsciencia y la autoestima, solo pueden realizarse en una vida social que inspire un compromiso con el bien común. De otro modo, nuestra vida sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta ”, como diría Hobbes, y cuando la vida es solo eso, es fácil que prendan fanatismos y conservadurismos de todo tipo en los que encuentren acomodo las propuestas políticas que nos empeñamos en marginar o silenciar.
No podemos seguir desvinculando derechos sociales, educación, sanidad, vivienda…de empoderamiento, autogobierno y radicalidad democrática. Entre otras cosas, porque si la ciudadanía democrática es embrionaria, como lo ha sido hasta ahora, si está eclipsada, atomizada y desorganizada, no podrá actuar de forma efectiva frente al asedio y los recortes de los grandes emporios económicos y la corrupción política.
No hay derechos sociales sin ciudadanía democrática, y no hay ciudadanía sin comunidad y autogobierno. A ver si nos enteramos.
Evidentemente, nada de esto tiene que ver con tonos patrióticos y sentimentalismos excluyentes; con naciones históricas o identidades en conflicto. Hablamos de un republicanismo político en el que el discurso público pueda ser ampliado y en el que no se utilice la legalidad para acallar la diferencia y el derecho a decidir. [...]