El fracaso de la ideología del diálogo social

2020/02/05
Asbjorn Wahl, sindicalista noruego (esta es una transcripción de una charla que ofreció en 2008)

El punto de inflexión – la ofensiva neo-liberal

Cuando terminó la reconstrucción y remodelación de la economía después de la II Guerra Mundial, el modelo económico keynesiano de posguerra se encontraba cada vez con más problemas. Estancamiento, inflación y crisis de beneficios eran las notas dominantes. Espoleadas por estas crisis económicas internacionales, las fuerzas del mercado pasaron a la ofensiva y comenzó la actual época de neo-liberalismo. La política del pacto social culminó por lo tanto en la década de los 70. A partir de entonces, las fuerzas capitalistas cambiaron su estrategia para restablecer la rentabilidad, retirándose gradualmente del pacto social e introduciendo más políticas de confrontación con los obreros.

La hegemonía política e ideológica que las fuerzas capitalistas han sido capaces de obtener en un periodo muy corto de tiempo ha sido utilizada para llevar a cabo un proyecto de desregulación rápido y sistemático. Algunos de los resultados son el incremento de la competencia del mercado, ataques a los salarios, a las leyes laborales y a los acuerdos y posiciones de poder que se habían logrado durante el periodo de la economía del bienestar y que en aquella época fueron aceptados por los patronos como parte del compromiso de clase. Mediante la presión política, amenazas de deslocalización de empresas o ataques especulativos a las monedas, llegan incluso a sancionar las políticas gubernamentales e impulsan recortes en los presupuestos públicos – por ejemplo, la economía del estado de bienestar.

La mayor parte del complejo sistema de medios de reglamentación que fueron utilizados para domeñar a las fuerzas del mercado y crear de ese modo las condiciones para el desarrollo del estado del bienestar han sido simplemente eliminados. Esta política de desregulación ha conducido al desarrollo de una economía especulativa completamente enloquecida en la que más del 90% de las operaciones económicas internacionales son especulativas, fundamentalmente especulación de moneda, y a una redistribución de la riqueza sin precedentes, de sector público al privado, de los obreros al capital y de los pobres a los ricos. Tanto la pobreza privada como la pública están creciendo junto a una abundancia de riqueza cada vez más visible entre la élite. En otras palabras, el modelo de redistribución del estado del bienestar ha sido vuelto del revés.

Una parte importante de la estrategia del capital ha sido la reestructuración de la producción capitalista a nivel global. Las cadenas de producción global, la producción ajustada, la externalización, el offshoring y la deslocalización de las líneas de montaje así como de los servicios de apoyo son características fundamentales de este desarrollo. Los trabajadores y los modelos sociales están siendo enfrentados unos contra otros como resultado de esta creciente libertad ilimitada de movimientos de capital, bienes y servicios. La Nueva Gestión Pública ha introducido modelos del sector privado en el sector público. La libertad del mercado y la capacidad de competir en mercados internacionales cada vez menos regulados han sido los principios de guía subyacentes a las políticas reales. Como resultado, la competencia está aumentando en el mercado laboral y el rápido crecimiento del trabajo precario está minando los derechos de los trabajadores y los sindicatos. La extendida brutalización del trabajo es uno de los efectos adversos más graves de este desarrollo.

Esta ofensiva capitalista no ha encontrado mucha resistencia. El movimiento obrero no estaba preparado para la nueva situación social y económica. Los sindicatos tuvieron dificultades para actuar en las nuevas condiciones socio-económicas ya que sus políticas y actividades estaban fundamentalmente vinculadas a sus experiencias en un periodo de prosperidad económica. Además, el proceso de despolitización y desradicalización que ha tenido lugar durante la era del pacto social, hizo que a los propietarios del capital les resultara más sencillo tratar de resolver la crisis atacando las condiciones de trabajo, los derechos de los trabajadores y de los sindicatos, los servicios públicos y los derechos y prestaciones sociales.

A lo que nos hemos estado enfrentando durante los últimos veinte años es, por lo tanto, a la abolición del control del capital, la desregulación y liberalización de los mercados, la redistribución y concentración de la riqueza, la privatización de los servicios públicos, el incremento de las licitaciones competitivas y la externalización, la reducción de las plantillas al mínimo absoluto y el consiguiente incremento de la intensidad del trabajo y la flexibilización de sus mercados. De esta manera, la mayor parte de la base económica y material sobre la que se había desarrollado el estado del bienestar ha desaparecido.

No nos enfrentamos a un revés accidental sino a un cambio fundamental en el desarrollo de nuestras sociedades. Detrás del cambio masivo en el equilibrio de poder de la sociedad que hemos experimentado en las dos últimas décadas, podemos identificar algunas fuerzas políticas y económicas potentes. La globalización no es una consecuencia necesaria de cambios tecnológicos y organizativos como pretenden algunos sino resultado de decisiones políticas y estratégicas tomadas a puerta cerrada en las salas de juntas de las empresas multinacionales, en instituciones financieras y por los gobiernos.

A través de estructuras de poder informales y no responsables como el G8, instituciones como el Fondo Monetario Internacional (IMF), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (WTO), instituciones regionales como la Unión Europea (UE) y el North American Free Trade Agreement (NAFTA) y otros acuerdos comerciales regionales y bilaterales, se están impulsando políticas neo-liberales e institucionalizándolas a nivel internacional. En resumen, se ha producido un enorme cambio en el equilibrio de poder entre los trabajadores y el capital, y esta vez a favor del capital. Las grandes empresas multinacionales han estado a la vanguardia de este desarrollo – con su libertad recientemente adquirida del control y la reglamentación democrática.

El hecho de que la base del poder del estado del bienestar se esté erosionando no significa desde luego que corramos el riesgo de terminar en una situación pre-estado del bienestar, en la que el gasto social constituía una parte considerablemente menor del PIB que hoy (cf Lindert 2004: 11ff.). La sociedad se ha desarrollado mucho desde entonces y la economía actual depende completamente de una serie de servicios públicos y sociales. Por lo tanto, en este sentido no sólo es decisivo el tamaño del sector público sino también o incluso más importante las relaciones de poder que se desarrollan en su seno.

El hecho de que el estado de bienestar esté siendo socavado y debilitado se refleja en primer lugar en las formas organizativas, la estratificación, la calidad y el nivel de los servicios sociales, a través de la privatización, el creciente uso de la licitación competitiva, el incremento de la pobreza y la desigualdad en la sociedad, los cánones de utilización cada vez más altos, la transición de servicios universales a tener que pasar pruebas para recibirlos, la creciente subcontratación del trabajo (cf Esping-Andersen 1990:35 ff.), etc. Debido al reforzamiento de las fuerzas del mercado, muchas personas también verán reducido su acceso a una vivienda digna, sufrirán el deterioro de las condiciones de trabajo y los servicios sanitarios.

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que el debilitamiento y la deconstrucción del estado de bienestar siguen su curso, pero el potencial de las nuevas relaciones de poder no se ha agotado. La lentitud institucional, la existencia del sufragio universal y las instituciones democráticas, aunque debilitadas, y la resistencia esporádica ralentizan la velocidad del proceso de deconstrucción. Que este desarrollo continúe o no dependerá del aliento y la fuerza de la resistencia social que será movilizada en defensa de los logros que se obtuvieron con el estado de bienestar – y por consiguiente en defensa de objetivos políticos y sociales más combativos.

El paso del consenso a la confrontación

El hecho de que se haya roto el compromiso de clase relativamente estable del periodo posterior a la II Guerra Mundial y de que las fuerzas capitalistas se estén retirando del pacto social, también implica que las políticas de consenso del pacto social están siendo gradualmente reemplazadas por ataques de confrontación. En otras palabras, las negociaciones bi y tripartitas, o diálogo social como se les llama ahora en la Unión Europea, no funcionan como lo hacían durante el periodo del pacto social.

Al movimiento sindical este desarrollo le ha cogido por sorpresa. El paso de consenso a la confrontación por parte del capital era incomprensible dentro de la ideología de pacto social orientada al consenso del movimiento obrero. La ruptura del compromiso histórico condujo también a una crisis política e ideológica en los partidos social-demócratas en la mayor parte del movimiento obrero. Con una militancia despolitizada y pasiva y una dirección surgida de sus propias filas que estaba introduciéndose en la élite de la sociedad, los partidos socialdemócratas se adaptaron rápidamente al orden del día neo-liberal dominante aunque en forma de alternativas más suaves que la versión de derechas original.

En este contexto, la globalización, en lugar de ser la forma concreta de la actual ofensiva neo-liberal, empezó a ser interpretada como una fase necesaria del desarrollo de la nueva economía mundial. «La globalización ha llegado para quedarse» a sido el mantra de los sectores dominantes del movimiento obrero, y grandes sectores del movimiento sindical de los países desarrollados también se han declarado a favor de una política claramente centrada en reforzar la competencia internacional de sus propias empresas (sindicalismo empresarial). El aumento de la flexibilidad, incluida su nueva y disfrazada versión, la flexiguridad, que significa el debilitamiento de las condiciones y normativas laborales, ha sido aceptado en nombre de un aumento de la competitividad. La competitividad, a su vez, está siendo promocionada como el único camino para asegurar los puestos de trabajo.

La desregulación y liberalización de la economía en general también han tenido una amplia aceptación, siempre que fueran acompañadas de normas de trabajo (o cláusulas sociales). Por lo tanto, el foco en las auténticas relaciones de poder y limitación de las fuerzas del mercado mediante normativas aplicables ha sido reemplazado por una especie de formalismo legal – tanto a nivel nacional, dentro de la Unión Europea como en instituciones internacionales como la OMC y el Banco Mundial. En este vacío creado por el tambaleante poder de sindicatos y movimientos sociales ha surgido toda una industria académica centrada en la responsabilidad social corporativa (RSC), en forma de estándares éticos voluntarios – acompañada de todo un ejército de ONGs y grupos de investigación bien financiados y bien intencionados encargado de arrojar una pantalla de humo ideológica sobre el inmenso cambio en las relaciones de poder a favor de intereses capitalistas que está teniendo lugar en el mundo.

Estas políticas no buscan combatir la liberalización de la propia economía sino los efectos negativos de la liberalización para con los trabajadores. Sin embargo, no existe la liberalización sin efectos negativos para los trabajadores. El problema es el proceso de liberalización. Si los sindicatos y movimientos sociales quieren reducir los efectos negativos de la liberalización, tendrán que combatir la propia liberalización, ya que la liberalización equivale a desregulación y privatización, que representan exactamente la manera en la que se está llevando a cabo el enorme cambio en el equilibrio de poder en la sociedad.

Esta es una de las experiencias más importantes que la breve historia del estado del bienestar nos ha legado. Muchas de las normativas que tenemos hoy en la sociedad han sido exactamente introducidas como resultado de luchas sociales y sindicales para proteger a los trabajadores, mujeres, niños y medio ambiente de los excesos del capitalismo de libremercado. El gran progreso social que hemos experimentado en la época del estado de bienestar se logró precisamente a través de normativas. Los trabajadores aseguraron sus intereses y ganaron en poder e influencia a través de la reglamentación y el aumento de participación en la propiedad pública. En este sentido, reglamentación significa leyes y reglas que delimitan el poder del capital y de las fuerzas del mercado y al mismo tiempo dan más poder a organismos democráticamente elegidos así como a empleados y sindicatos. La liberalización significa que estos instrumentos para la democracia, protección social y sindicatos y el poder de los trabajadores están siendo recortados y abolidos.

La estrechez de miras de la Responsabilidad Social Corporativa y el diálogo social sólo harán que la lucha se diluya. Las demandas de un nuevo compromiso de clase con una esperanza nostálgica de que se restauren la paz social y la mejora gradual de las condiciones sociales de los años sesenta, no tienen una base realista bajo el actual equilibrio de poder. Las fuerzas sociales que desean defender los servicios públicos y ventajas del estado de bienestar tendrán que hacer frente a los ataques de las fuerzas capitalistas con una contraofensiva. Le guste a uno o no, la realidad es que las relaciones sociales están pasando del consenso a la confrontación. El movimiento obrero debería estar preparado.

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