El modelo neoliberal vasco
El ruido ambiental dificulta que la ciudadanía se percate de un hecho fundamental acontecido en las últimas décadas: las políticas neoliberales se han generalizado en beneficio del poder económico. Un hecho que sucede al mismo tiempo que esos mismos gobiernos insisten en que sus políticas son “las más sociales” de la historia y en que no realizan recortes. Para ellos cualquier otra política alternativa sería imposible.
La estructura del texto comienza explicando un contexto en el que se ahonda en lo que supone la Unión Europea a la hora de propiciar la implantación global del neoliberalismo en el continente; un lugar en el que la derecha política y económica se encuentran cómodas. La segunda parte del contexto da centralidad a un hecho en cierta medida novedoso en nuestro país, el que afecta a la homologación política de la derecha y la izquierda institucional en las prácticas neoliberales. Es lo que se ha producido cuando esa izquierda decide ser parte en los denominados acuerdos de gobernabilidad. Un hecho en el que han participado Unidas Podemos y EH Bildu, fuerzas políticas que se reivindican a la izquierda del PSOE . Se analizan los acuerdos en los que han participado y lo que han supuesto. La tercera parte del contexto pretende dar relevancia a lo que supone lo organizativo para los proyectos alternativos, una materia que aun siendo instrumental, es central. Se parte de una convicción: no todo lo negativo que sucede a las organizaciones alternativas debe atribuirse a la eficacia del neoliberalismo en su afán de destruir esas identidades comunitarias. Se insiste en la importancia de lo organizativo para reforzar los instrumentos de poder, destacando el valor esencial de la militancia.
En la segunda parte se repasan los ámbitos de intervención en los que el PNV desarrolla su política, con especial atención a aquellos donde las competencias de la CA PV son más amplias; en la tercera, se repasan los soportes sistémicos en los que el PNV se apoya para llevarlas adelante y, en la cuarta, se quiere dar relevancia al hecho diferencial que supone Euskal Herria, una nación sin Estado. En esta última, se traen a colación las posiciones del PNV sobre el autogobierno y el debate por la soberanía, así como la relación que ha mantenido con lo que sucedió en el conflicto catalán: la mayor crisis institucional en el Estado español desde el inicio de la transición. También en esta parte se analizan los contenidos de la política y las alianzas partidarias que se han materializado estos últimos años en Nafarroa, que refuerzan la idea de certificación de la izquierda institucional en esas prácticas neoliberales.
Antes de desglosar estos capítulos, una breve mención a las fuentes utilizadas. Muchas de las informaciones que se mencionan están extraídas de los informes que periódicamente realiza el Gabinete de Estudios de ELA; en este caso, las fuentes se pueden considerar internas, ya que son del sindicato al que pertenezco. Siempre he disfrutado tomando notas, recogiendo datos y reflexiones de aquí y de allá. Muchas informaciones que se facilitan están recopiladas de los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, tanto públicos (EITB) como privados; especialmente de los medios sistémicos porque, para el objetivo que se pretende, recogen de forma más estructural los valores e ideario de quienes promueven las políticas neoliberales. Se trata de medios que alimentan y justifican esos valores y políticas neoliberales. Disfruto como lector de prensa escrita y estimo que a través de ella percibes hacia dónde dirigen sus estrategias quienes mandan, también las comunicativas para que los intereses del poder económico se terminen reflejando en la política que aprueban las diferentes instituciones. Siempre he creído que la lectura de esos medios, el análisis de las posiciones de las diferentes instituciones y de los líderes políticos y económicos, ayudan a dar dimensión al debate ideológico de fondo. Todo ello sin perjuicio de la crítica que debe hacerse al papel que representan hoy en día la gran mayoría de los mass media. Por último, otras citas se corresponden a libros de autores que me han ayudado a pensar, a cultivar la curiosidad y a dar cuerpo a esta reflexión, a los que, obviamente, cito con su nombre y agradezco sus trabajos.
En los ámbitos en los que el PNV tiene responsabilidades pone en práctica la que se conoce como “teoría del goteo”. Viene a explicar a la sociedad vasca que si se da a los que se encuentran en la cúspide de la pirámide lo que piden -poniendo las políticas a su servicio-, mejoran las condiciones de vida de todos y de todas. Unos mensajes simples, a la vez que falsos. El problema de esa teoría es que no cumple, menos si cabe en la fase actual en la que un capitalismo esencialmente codicioso obtiene la acumulación de capital por desposesión de rentas a las clases populares. Las reformas y ajustes estructurales realizadas por los neoliberales se han hecho para reducir de forma importante la participación de la clase trabajadora en el reparto de la riqueza, aumentando las diferencias entre ricos y pobres. La “teoría del goteo” queda en evidencia cuando se presta atención al incremento de las desigualdades, de la pobreza y de la precariedad laboral y social. Sin embargo, que esa teoría sea una falacia no significa que no cuente con apoyos importantes para convertirse en cultura hegemónica. Para reconstruir la izquierda que necesitamos es preciso reconocerlo, porque una de las peores cosas que puede suceder a quien milita en lo alternativo es trivializar la fuerza de los enemigos de clase. Hacerlo es imprescindible para no ser rehén de discursos abstractos. Las decisiones que impone el neoliberalismo, que se reproducen con más énfasis en cada crisis, deben abordarse por la izquierda dando respuesta, claro está, a cada intervención sectorial del neoliberalismo, pero asegurando una posición global que dé sentido al debate ideológico: el debate contra el capitalismo neoliberal es ideológico.
La ideología neoliberal ha logrado que la política sistémica actúe como una simple delegación del dinero, poniendo a competir a los países con el objetivo de generalizar la desregulación, imponiendo un modelo de crecimiento irracional e insostenible. Hay gobiernos que cuando hablan parecen consejos de administración de las grandes empresas. El Gobierno Vasco es uno de esos. El PNV -igual que el resto de partidos sistémicos- afirma que el crecimiento económico por sí solo reduce las desigualdades. Explican, por ejemplo, que el crecimiento económico va unido a una redistribución justa de la riqueza (crecer para repartir). Los datos dicen exactamente lo contrario, que sin modificar las estructuras de poder aumentan las desigualdades, la precariedad laboral y social y la desprotección, tanto en las fases de recesión como en las de crecimiento económico.
En nuestro país el PNV es el protagonista principal de las políticas neoliberales. No hay ámbito en que su actuación no sea coherente con la decisión de satisfacer los intereses de las grandes empresas y del capital, escondiendo sus fines tras la coartada de la preocupación por las inversiones, el empleo y el bienestar general. El PNV ha ido aún más allá, negando la existencia de las clases sociales y actuando de manera beligerante contra quienes defienden políticas alternativas. Esas dos actuaciones, reforzar las posiciones empresariales y del capital y tratar de debilitar a quienes defienden políticas alternativas, definen su proyecto político.
No es necesario alejarse geográficamente de Euskal Herria para constatar el creciente autoritarismo en la política gubernamental que, contrariamente a lo que nos quieren hacer creer, se extiende más allá de los EEUU de Trump, del Brasil de Bolsonaro o de la Hungría de Orban. La diferencia es cuestión de grado, no de dirección. Para evaluar la política hay que separar la propaganda del análisis riguroso de los contenidos, las palabras de los hechos; conscientes de que las estrategias de comunicación de gobiernos, partidos, clase empresarial, etc. se orientan a hacernos creer que el contenido es lo que se comunica. Actúan como una apisonadora que se sirve de la desinformación y de la propensión de amplias capas sociales a dar por buenos los discursos oficiales. Socializar las alternativas no es fácil; por eso es esencial fortalecer organizaciones que construyan tejido social y socialicen referencias, que trabajen una cultura crítica que proteja a la sociedad -y a la clase trabajadora en particular- de una forma de entender la política y el poder que basa su hegemonía en la extensión de la incultura, el desconocimiento y la ignorancia. Se alimenta la ignorancia desde las propias instituciones públicas. En el texto se insiste en que las organizaciones sociales y sindicales alternativas estorban a los neoliberales vascos.
Al Lehendakari Urkullu, por ejemplo, le molesta la propia existencia de un pensamiento alternativo que se pueda traducir en propuesta política, porque es consciente del efecto que las ideas pueden llegar a tener en la vida social y política. Durante la crisis de 2008 muchos dirigentes políticos -entre otros, los dirigentes del PNV- repitieron una y otra vez que las políticas realizadas durante los años anteriores (política inmobiliaria, desregulación del mercado y de las finanzas, inexistencia de controles independientes, extensión de la precariedad, desfiscalización de la riqueza, etc.…) no tuvieron ninguna influencia en lo que sucedió. Lo que sí hicieron fue fabricar mensajes para eximir de responsabilidad a quienes habían decidido la política económica y social. Lo hicieron para ganar tiempo, mientras preparaban nuevos ajustes y recortes. Para los partidos sistémicos en el origen de la crisis tenía la misma responsabilidad una persona despedida de su trabajo o desahuciada de su vivienda que un banquero corrupto, el Gobernador del Banco de España o el presidente del Gobierno. Ocultaron que el poder político fue obediente ante el poder económico y que -juntos- hicieron lo que les vino en gana. Durante los primeros años de la crisis, los discursos del Lehendakari Iñigo Urkullu, de la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina y de los presidentes del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, insistían en que todos y todas “habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Igualaban las responsabilidades de ganadores y perdedores.
Así fue como convirtieron la crisis en una oportunidad con la que reforzar el derecho de propiedad y poder ejecutar los ajustes y reformas estructurales que destruían o debilitaban los derechos y expectativas de las clases populares. Manipularon a la opinión pública. Las reformas que no habían logrado hacer hasta entonces se hicieron gracias a una crisis cuyo origen nada tenía que ver ni con los salarios ni con los derechos sociales.
Milton Friedman defendió en los años setenta del siglo pasado que “solo una crisis real o imaginaria tiene el poder de agitar un cambio (…) para que quienes desafían la ortodoxia abjuren de sus convicciones”. El presidente del Observatorio del Banco Central Europeo (BCE) en el Estado español, Guillermo de la Dehesa, concretaba ese objetivo en una entrevista en el Diario Vasco en 2012: “Ahora es el momento de realizar todos los cambios, porque cuando esto vaya bien será imposible. En la recesión de los años 70 así se hizo, se cambió el país de arriba a abajo. Yo creo que los grandes partidos deberían encarar esa remodelación”. De la Dehesa fue secretario de Estado de Economía con el PSOE de Felipe González y trabajó para Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes del mundo. Socialdemócratas y conservadores coincidían en defender que el mercado era sabio y que había que darle más libertad. Vieron que lo podían hacer y lo hicieron.
El director de cine Jean-Luc Godard resumía una de las características actuales diciendo: “Hoy lo que ha cambiado es que los canallas son sinceros”. Es cierto, actúan con total desinhibición. Es importante destacar la simplicidad y la repetición de sus mensajes. La falta de memoria social, unida a esa manipulación informativa, convirtieron unos mensajes simples en cultura mayoritaria de masas. Mensajes más efectivos en la medida en que la mayoría de la sociedad carece de referentes que alimenten su pensamiento y cultura política. Es conveniente insistir en ello porque los mecanismos que determinan la distribución del poder y el reparto de la riqueza se repiten crisis tras crisis con el objetivo de conducir a las clases populares a un enfrentamiento de pobres contra pobres que libere de interpelación a la élite política y económica. A modo de ejemplo, en la crisis de la Covid-19, los gobiernos volvieron a faltar a la verdad al decir que “no dejarían a nadie atrás”. O, cuando tras el inicio de la guerra en Ucrania, exigen un “pacto de rentas” para que vuelvan a ser los salarios los perdedores de una inflación descontrolada que tiene componentes claramente especulativos. Todos esos objetivos se acompañan de eslóganes, como ejemplo en el caso de la CA PV: “Gobierno Vasco: igualdad, justicia y políticas sociales”.
A poca autonomía de pensamiento que se posea respecto al poder económico y político, no es inapropiado concluir que la mentira tiene un gran arraigo en la política. La verdad no es un valor consistente. El recurso a la mentira se encuentra en el origen de la desconexión de la política de una parte importante de la ciudadanía, también en relación con la izquierda institucional. Un hecho que, junto a otros, explica las razones del auge de la extrema derecha. La cultura protege al ser humano como ser social y la cultura política refuerza su implicación en los asuntos públicos. Su ausencia, por el contrario, es la puerta de entrada a los sistemas autoritarios. Es preciso insistir que, en la actualidad, quien debilita y menosprecia el conocimiento y la información veraz desde las instituciones no es la extrema derecha (no está en la gran mayoría de ellas), lo hacen quienes desde opciones sistémicas han concluido que para preservar su permanencia en el poder -o alcanzarlo- y poder desarrollar políticas neoliberales deben recurrir a la falsedad para despolitizar a la ciudadanía.
En este documento no se analizan todos los ámbitos sectoriales de la política vasca y estatal. Sí los más importantes en relación con las políticas económicas y sociales y el conflicto nacional de nuestro país: la Unión Europea neoliberal; las alianzas en las que participa el PNV para aplicar esas políticas; el papel que ha desempeñado en las reformas y ajustes estructurales aprobados en el Estado; las políticas fiscales y presupuestarias que aplica; su apuesta por la privatización de la economía; su posición ante los Fondos UE; el apoyo a la reforma financiera y a la desaparición de las cajas vascas; su obsesión por el control social y su práctica política clientelar; la corrupción en la política y en la economía; la defensa de los intereses de las grandes empresas en relación con el cambio climático; su oferta de “seguridad y orden”; qué representa el feminismo institucional; el control de los medios de comunicación; su papel en Nafarroa; la gestión en la crisis de la Covid-19 y sus posiciones en relación con el conflicto por la soberanía de nuestro país y respecto a lo sucedido estos últimos años en Cataluña.
La crisis de la Covid-19 no ha supuesto una excepción en las prácticas autoritarias. Es lo que se desprendía de las palabras del Lehendakari Urkullu el 23 de septiembre de 2020 en el acto de apertura del curso 2020-2021 de la Universidad de Deusto. Dirigiéndose al resto de organizaciones políticas y sociales que vertebran la sociedad el Lehendakari defendió que “la colaboración con el Gobierno debía ser total”. Con esa declaración Urkullu daba continuidad a la que ha sido su posición desde que llegó al Ejecutivo. En la “democracia” del Lehendakari, a todos los demás (partidos, sindicatos, resto de organizaciones, ciudadanos y ciudadanas…) solo les quedaría acatar las políticas de su Gobierno. La colaboración debe ser “total”.
El Lehendakari ha equiparado el “respeto institucional” a su persona con la renuncia a posiciones políticas democráticas alternativas. Actúa convencido de que le corresponde a él -a su Gobierno- dictar los códigos de conducta lícitos e ilícitos y, en su caso, sancionar a quienes no los acepten. Las organizaciones “críticas” con el poder son estigmatizadas y sancionadas por su Gobierno, privándoles del derecho a participar en la definición de las políticas públicas, ni siquiera a título de consulta. Para el Lehendakari solo tiene cabida una política, la suya. Urkullu reserva el derecho de participación e influencia en la política en exclusiva al mundo empresarial: la política, para él, es patrimonio del dinero. Una estrecha relación entre las élites económicas y políticas a la que en la actualidad denominan “colaboración público-privada”. En realidad, la filosofía que impregna las posiciones políticas de Urkullu actúa como si de un dogma religioso se tratara, siendo una derivada la exigencia a los demás para que renuncien a sus legítimas aspiraciones y acepten los límites que impone el neoliberalismo que él representa. Prima el dogma incuestionable y la exigencia de acatamiento. A finales de diciembre de 2019 visitó el Estado español el relator de la ONU, Philip Alston, para examinar los niveles de protección social y su evolución en los últimos años. El dictamen elaborado por Alston decía lo siguiente: “la clase política ha fallado”, “los niveles de pobreza no se corresponden con el nivel económico. España es la quinta economía más grande de Europa y, sin embargo, tiene unos niveles de pobreza sorprendentemente altos”, “muchos indicadores de pobreza y desigualdad en España están muy por encima de los niveles anterioresa la crisis”, “hay una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de unas proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza; un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico; un sistema fiscal que brinda muchos beneficios a los ricos”. Alston añadía que “se pueden permitir -los gobiernos- hacer mucho más y hacerlo mejor, si quieren, pero han decidido no hacerlo”. Señalaba que “sucesivos gobiernos han decidido bajar las tasas impositivas a las empresas, no perseguir la evasión fiscal, que en España es rampante, mientras han mantenido niveles de protección social muy bajos” Para Alston “la pobreza es una decisión política”.
Esas conclusiones ponían en evidencia las políticas antisociales que habían alejado al Estado español del denominado “modelo social europeo”, para acercarlo, en cuanto a la distribución de la riqueza, a un modelo mucho más desigual e injusto como el de EEUU. Que fuese así se debía, como bien señalaba Alston, a decisiones políticas sostenidas durante muchos años por gobiernos de diferentes colores.
Alston cuestionaba la versión oficial -los relatos dominantes- que ofrecían esos gobiernos sobre la pobreza y su naturaleza. Es importante señalar que su informe era anterior a la crisis de la Covid-19, a las secuelas de la pandemia y a las derivadas socioeconómicas de la guerra en Ucrania, ya que esto último ha agravado de forma extraordinaria la situación que describía aquel informe en 2019. La realidad que viven las clases populares en el estado y en Hego Euskal Herria ha empeorado mucho. Y si nada lo remedia, empeorará aún más. Eso es lo que expresan los datos de 2022 sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad. Para quienes desean poner freno al deterioro social, lo más relevante del informe se encontraba en la conclusión. En contra de la versión neoliberal que culpa al individuo de las penurias que sufre, el relator de la ONU defendía que la pobreza es consecuencia de decisiones políticas e ideológicas ,y que para corregirlo son necesarios cambios estructurales. Dicho todo eso, el cambio que propugnaba para las políticas públicas no se logrará sin confrontar con las clases privilegiadas y con quienes políticamente defienden sus intereses.
Es ilustrativo prestar atención a lo que sucedió con aquel informe. La gran mayoría de los medios de comunicación no le dieron relevancia y la clase política gobernante, tampoco. El informe debió haber obtenido un amplio espacio mediático. Los medios, haciéndose eco del mismo, hubiesen cumplido una función social explicando lo que el informe denunciaba. No fue así porque el sistema que Alston denuncia se apoya también en el papel que desempeñan los grandes medios de comunicación (públicos y privados), que han renunciado a incorporar reflexiones y contenidos reivindicativos que puedan representar la más mínima
presión hacia los gobiernos y el capital. Las direcciones de esos medios son rehenes del pesebrismo informativo que fomenta una “credulidad pasiva de la sociedad”, tal y como denunciaba el escritor y helenista Pedro Olalla.
Se trata de medios que dan prioridad absoluta a lo que interesa al sistema, invisibilizando realidades sociales injustas e imponiendo un velo a las propuestas alternativas que pretenden situar en el centro del debate político la distribución justa de la riqueza. Es el “velo de la ignorancia”, al que se refería en 1971 John Rawls, el velo que alimenta la ignorancia, que antes se vivía como una vergüenza y del que hoy hacen apología sectores cada vez más amplios. El escoramiento hacia los postulados de la derecha radical tiene que ver con todo esto. Tampoco los medios públicos cumplen con esa función porque sirven, esencialmente, a los partidos que dirigen los gobiernos. En nuestro país, el PNV hace lo posible para evitar que los relatos alternativos, convenientemente socializados, refuercen una cultura comunitaria capaz de exigir a las instituciones que ellos controlan políticas que primen la solidaridad y la justicia. Hego Euskal Herria no es ajena a las conclusiones del dictamen de Alston; no somos un oasis. Sin perjuicio de que en 2008 el punto de partida fuese distinto al de otros lugares, las políticas realizadas durante la crisis han sido las mismas en todo el Estado. Para comprobarlo basta prestar atención a los datos que facilitan las “Encuestas sobre la Pobreza” realizadas por el Gobierno Vasco y el de Nafarroa. La reacción de nuestros gobiernos ante la extensión de la pobreza suele consistir en buscar comparaciones con aquellas Comunidades Autónomas o países que presentan datos aún peores que los nuestros. Lo que no deja de ser francamente mediocre.
Otro ejemplo de esa realidad precaria lo ofrecía el Eustat del Gobierno Vasco el 1 de octubre de 2021, afirmando que la pobreza crecía exponencialmente entre las personas mayores de 65 años en la CA PV. En concreto, el número de personas bajo el umbral de la pobreza en ese colectivo se había duplicado en 2021 con respecto al año 2016, pasando de 11.000 a 22.710 personas. Organizaciones sociales entrevistadas para que diesen su opinión sobre aquella encuesta destacaban que una de las consecuencias más graves de la pobreza en esas edades era la soledad, “un hecho que afecta a nuestros mayores porque -la pobreza- genera situaciones de aislamiento, fragilidad y deterioro físico y anímico”. Aunque los datos de esa encuesta se refiriesen a un segmento concreto de la sociedad (mayores de 65 años), las consecuencias del aumento de la desigualdad se deben extrapolar al conjunto de las capas populares. En relación a Nafarroa, a pesar de los siete años transcurridos desde que UPN abandonase el Gobierno, la política económica y social neoliberal que ese partido practicaba no se ha modificado en ninguno de sus contenidos estructurales. Sigue siendo la misma, desarrollada por otros gobiernos con otros partidos.
A pesar de que es incuestionable el aumento de la desigualdad y de la pobreza, la política actúa como si no estuviera sucediendo. Pedro Azpiazu, consejero de Economía del Gobierno Vasco por el PNV, al explicar en octubre de 2020 las políticas que desarrollaba su Gobierno durante la Covid-19, argumentó que su objetivo era “evitar que crecieran las desigualdades, como sucedió en la crisis anterior” (en referencia a la del 2008). Pues bien, durante la crisis de 2008, ni él ni su Gobierno reconocieron nunca que se hubiese producido un aumento de las desigualdades. Lo negaron sistemáticamente. Al contrario, insistían en que daban prioridad a las políticas sociales y que no se aplicaba recorte alguno. Obviamente, no era verdad. En lo que respecta a la CA PV, durante los últimos años las políticas de Patxi López (PSE-EE) y de Iñigo Urkullu (PNV) han sido neoliberales, tanto cuando han gobernado por separado como cuando lo han hecho juntos. Políticas que son valoradas positivamente por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, en agosto de 2022, resaltaba su buena relación personal con Urkullu, así como que “El PP y el PNV convergen en políticas económicas e industriales”. Es cierto, sus palabras hacen mención al tripartito real (PNV, PP, y PSOE ) que ha gestionado las políticas neoliberales en las últimas décadas.
El PNV sí que ha sabido ponerse al día en materias relacionadas con la existencia de una sociedad vasca menos confesional, alejándose de una conferencia episcopal rancia y muy reaccionaria. Ha sabido preservar su apuesta neoliberal sin hacer seguimiento de las posiciones defendidas por la jerarquía eclesiástica española en materias como el aborto, el divorcio, la eutanasia, los derechos LGTBI+, etc. Los neoliberales, como destaca el escritor inglés Owen Jones, “siempre intentan lograr un equilibrio entre el espíritu de cada época y los intereses de las élites”, conscientes de que son estos últimos los que deben preservar. Este trabajo fija la atención en cuestiones perdurables que desmontan la propaganda oficial del auzolan-bien común. Las prácticas neoliberales hacen imposible políticas públicas que alimenten el trabajo en común y solidario. Nuestros neoliberales acuñan esos términos como eslogan publicitario. Haciendo caso a la reflexión del escritor y cineasta francés Éric Vuillard “Los poderosos no ceden nunca, ni el pan ni la libertad”. Hagamos lo posible por reforzar estructuras organizativas sociales, sindicales y políticas que tengan como objetivo luchar por una sociedad más justa confrontando con el capitalismo neoliberal.