En las prestaciones sociales hay alternativa

Janire Landaluze, Azterketa Bulegoa

Hoy son muchas las voces que claman en defensa de una mejora del sistema de prestaciones sociales. La realidad es que, actualmente, las prestaciones sociales son insuficientes para dar respuesta a la población, por lo que es necesario aumentar sustancialmente la cobertura del sistema de prestaciones económicas en la CAPV, tanto en su cuantía como mediante la ampliación de los colectivos excluidos.

Hagamos memoria. A finales de la década de los 80 el Gobierno Vasco puso en marcha el denominado Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, embrión del actual sistema de prestaciones sociales existentes en la CAPV. Desde un principio ELA, entre otros, planteó la necesidad de extender y mejorar la cobertura establecida en dicho plan. Fue a finales de los 90 cuando distintas organizaciones y colectivos pusieron en marcha la Iniciativa Legislativa Popular para una Carta de Derechos Sociales, que reclamaba al Parlamento Vasco la reducción de la jornada a 35 horas (en el sector público) y la renta básica. Ésta contó con el apoyo de 83.000 firmas.

Hoy, dos décadas después, aumentar los niveles de protección social es más urgente y necesario que nunca. Los actuales niveles de paro, precariedad y pobreza así lo demuestran. La Encuesta de Necesidades Sociales 2014, elaborada por el Gobierno Vasco, muestra que en los últimos años se está produciendo un fuerte aumento de la pobreza en la CAPV. Así, por ejemplo, el número de personas afectadas por lo que dicha encuesta llama ausencia de bienestar real ha crecido un 41% desde 2008, llegando en 2014 a 248.000 personas, el 11,5% de la población. Cada vez hay más personas necesitadas excluidas del sistema de protección social. En los últimos años se ha producido un fuerte aumento del número de familias perceptoras. En octubre de este año percibieron la Renta de Garantía de Ingresos 65.568 unidades convivenciales, un 36,5% más que a finales de 2009.

Sin embargo, entre quienes gobiernan impera la preocupación por el recorte o la contención del gasto. El presupuesto del Gobierno Vasco de 2015 para el conjunto de RGI, Ayudas de Emergencia Social y Prestación Complementaria de Vivienda asciende a 482 millones de euros. Ese mismo Gobierno presupuesta sólo para el tramo de Gipuzkoa del TAV 350 millones para ese año. El presupuesto de las AES pasa de 20,5 millones en 2014 a 21 en 2015, a pesar de que la dotación actual apenas llega para 7 meses.

En pocos datos la situación se resume claramente. Las prestaciones se han venido recortando en los últimos años. Los recortes han afectado tanto a la cuantía de las prestaciones (7%) como al endurecimiento de las condiciones de acceso a las mismas, dejando sin cobertura cada vez a más colectivos. Estos recortes son, junto al resto de políticas de ajuste que se han venido aplicando, los causantes del fuerte aumento de la pobreza y de la desigualdad social. Sin embargo, y aunque el verdadero motivo sea estrictamente económico, los recortes se vienen camuflando bajo términos como el “control del fraude”, aflorando campañas de criminalización y descrédito hacia las personas perceptoras, tanto desde el poder político como de los medios de comunicación dominantes, en ocasiones, incluso, con componentes xenófobos.

Y esto provoca que no se aborden cuestiones tan importantes -y denunciadas en reiteradas ocasiones por las organizaciones sociales y sindicales- como los propios recortes o el inadecuado funcionamiento y la falta de medios humanos con los que cuenta Lanbide para abordar la actual situación. Son muchos los ejemplos que refuerzan este argumento: las colas en las oficinas, los tiempos de espera en la tramitación de los expedientes, la suspensión injustificada de la prestación...
En lugar de cuestionar “su” modelo, atacan al más débil. Obvian el debate de fondo. Nada en relación a qué pasa con la gente que está en la pobreza; con quienes quedan fuera de las prestaciones sociales; nada sobre cómo incrementar los ingresos y poder mejorar así la cobertura. La relación directa que a la larga podrían llegar a tener este tipo de prestaciones con el subempleo (empleo sumergido, el desempleo de larga duración, el incremento de la contratación parcial, etc.) ni siquiera se observa.

Es más, combinan, incluso, un discurso en el que utilizan la propaganda para vender las bondades del sistema, con una práctica de progresivo desmontaje del mismo.

Tener un sistema de prestaciones sociales adecuado es un elemento esencial para la cohesión social. Este sistema de prestaciones debería ser uno de los pilares del compromiso colectivo con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, cada vez más amplios.

Revindicamos y luchamos -una vez más y también en esta materia- por la alternativa. El primer paso, a tomar de manera inmediata, debe ser dar marcha atrás en los recortes aplicados en los últimos años; la cuantía de la RGI no debe estar por debajo del umbral de la pobreza; las AES deben establecerse como un derecho subjetivo, para poder cubrir las necesidades realmente existentes; se debe dotar a Lanbide de más medios humanos para poder dar una atención adecuada a las personas perceptoras de prestaciones económicas y desarrollar de manera personalizada las políticas de orientación e intermediación laboral...

Entonces no nos regalaron nada ni hoy tampoco lo harán, la dinámica reivindicativa y movilizadora fue, es y seguirá siendo la clave.