Este tratado comercial transatlántico es un ataque frontal contra la democracia

George Monbiot, The Guardian, 4 de noviembre de 2013 (original en inglés)

¿Recuerdas aquel referéndum acerca de si debíamos crear un mercado único con los EEUU? Ya sabes, aquel que preguntaba si las corporaciones debían tener el poder de derogar nuestras leyes... No, yo tampoco lo recuerdo. Mira, el otro día pasé diez minutos buscando mi reloj antes de darme cuenta de que lo llevaba puesto; olvidar el referéndum es otro signo de envejecimiento. Porque tuvo que haberlo, ¿no? Después de tanta preocupación sobre si debíamos permanecer o no en la Unión Europea, el gobierno no cedería nuestra soberanía a un órgano oscuro y no democrático sin consultarnos. ¿O sí?

Permitiría a un grupo secreto de abogados empresariales imponerse a la voluntad del parlamento y destruir nuestras garantías legales. Pero los paladines de nuestra soberanía no dicen nada

El objeto de la Tratado Transatlántica de Comercio e Inversiones es eliminar las diferencias reguladoras entre EEUU y las naciones europeas. Lo mencioné hace un par de semanas. Pero dejé de lado la cuestión más importante: La gran capacidad que daría a las grandes empresas para llevar a juicio a los gobiernos que traten de defender a sus ciudadanos-as. Permitiría a un grupo secreto de abogados empresariales imponerse a la voluntad del parlamento y destruir nuestras garantías legales. Pero los paladines de nuestra soberanía no dicen nada.

El mecanismo a través del cual se realiza esto es conocido como resolución de disputas inversor-estado. Ya se está usando en muchas partes del mundo para eliminar regulaciones que protegen a la gente y al planeta viviente.

El gobierno australiano, tras masivos debates en el parlamento y fuera de él, decidió que los cigarrillos debían venderse en paquetes marcados únicamente con advertencias espeluznantes acerca de la salud. La decisión fue validada por el tribunal supremo australiano. Pero, aprovechando un acuerdo comercial entre Australia y Hong Kong, la tabacalera Philip Morris ha pedido a un tribunal offshore una enorme compensación por la pérdida de lo que denomina su “propiedad intelectual”.

La democracia, como concepto con significado, es imposible en estas circunstancias. Este es el sistema al que estaremos sujetos si el tratado transatlántico sigue adelante

Durante su crisis financiera, en respuesta al malestar general por unos precios que se disparaban, Argentina congeló las tarifas energéticas y de agua de la ciudadanía (¿esto suena a algo?). Fue llevada a juicio por las compañías internacionales de servicios cuyas carísimas facturas obligaron al gobierno a intervenir. Por este crimen y otros similares, el gobierno argentino ha sido obligado a pagar más de mil millones de dólares de compensación. En el Salvador, comunidades locales lograron, con un coste muy grande (tres activistas fueron asesinados) persuadir al gobierno para que denegara el permiso para explotar una gran mina de oro que podía contaminar sus manantiales de agua. ¿Fue una victoria para la democracia? Quizá no muy duradera. La compañía canadiense que pretendía explotar la mina reclama judicialmente a El Salvador 315 millones de dólares... por la pérdida de sus beneficios futuros estimados.

En Canadá, los tribunales revocaron dos patentes propiedad de la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, argumentando que la compañía no había demostrado de manera fehaciente que tenían los efectos beneficiosos que les atribuía. Eli Lilly demanda al gobierno canadiense 500 millones de dólares y exige que las leyes canadienses sobre patentes sean reformadas.

"Tres individuos privados tienen el poder de revisar, sin restricción ni procedimiento de apelación, toda acción del gobierno, toda sentencia de los tribunales, y toda ley o norma que emana del parlamento”

Estas empresas y centenares más se valen de las normas de disputa inversor-estado incluidas en los tratados comerciales firmados por los países a los que llevan a juicio. Las normas se ejecutan por órganos que no tienen ninguna de las garantías que esperamos de nuestros propios tribunales. Las sesiones orales se desarrollan en secreto. Los jueces son abogados empresariales, muchos de los cuales trabajan para empresas del tipo de las que plantean las demandas. Los ciudadanos-as y comunidades afectadas por sus decisiones no tienen presencia legal. No hay posibilidad de apelar basándose en los hechos de cada caso. Pero pueden tirar por tierra la soberanía de los parlamentos y las decisiones de los tribunales supremos.

¿No te lo crees? He aquí lo que uno de los jueces de estos tribunales dice de su trabajo: “Cuando me despierto por la noche y pienso en el arbitraje, nunca me deja de sorprender que estados soberanos hayan aceptado el propio hecho del arbitraje sobre inversiones... Tres individuos privados tienen el poder de revisar, sin restricción ni procedimiento de apelación, toda acción del gobierno, toda sentencia de los tribunales, y toda ley o norma que emana del parlamento”.

Los ciudadanos-as no tienen derechos que se correspondan con ello. No podemos recurrir a estos tribunales para demandar una mayor protección frente a la avaricia empresarial. Tal como dice el Democracy Centre, “este es un sistema judicial privatizado para corporaciones globales”.

Aun cuando estas demandas no tengan éxito, pueden ejercer un fuerte efecto paralizador en la legislación. Un responsable gubernamental canadiense, refiriéndose a las normas introducidas por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), decía: “He visto cómo le llegaban al gobierno de Canadá cartas de los bufetes de Nueva York y Washington acerca de casi cada nueva regulación o propuesta medioambiental en los últimos cinco años: productos químicos de limpieza en seco, farmacéuticos, pesticidas o legislación sobre patentes, etc. Se centraron casi en todas las iniciativas, y la mayoría de ellas nunca vio la luz del día”. La democracia, como concepto con significado, es imposible en estas circunstancias.

Este es el sistema al que estaremos sujetos si el tratado transatlántico sigue adelante. EEUU y la Comisión Europea, que han sido capturadas por las corporaciones que supuestamente deben regular, están presionando para que la resolución de disputas inversor-estado sea incluido en el Tratado.

La Comisión justifica su política alegando que los tribunales nacionales no ofrecen a las corporaciones suficiente protección porque “podrían ser parciales o carecer de independencia”. ¿De qué tribunales está hablando? ¿De los de EEUU?¿De los de sus propios países miembros? No lo dice. De hecho, no consigue dar un solo ejemplo concreto que demuestre la necesidad de un sistema nuevo, extrajudicial. Precisamente porque nuestros tribunales son imparciales o no carecen de independencia las corporaciones quieren puentearlos. La Comisión Europea trata de sustituir los tribunales abiertos, responsables de sus actos y soberanos, por un sistema cerrado y corrupto, infectado por conflictos de interés y poderes arbitrarios.

Las normas inversor-estado podrían ser empleadas para suprimir cualquier intento de salvar al NHS (sanidad pública británica) del control corporativo, de re-regular la banca, de moderar la avaricia de las compañías energéticas, de renacionalizar el ferrocarril, de dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Estas normas excluyen alternativas democráticas. Ilegalizan las políticas izquierdistas.

Esta es la razón por la que el gobierno del Reino Unido no ha hecho ningún intento de informarnos, y mucho menos de consultarnos, acerca de este monstruoso ataque a la democracia. Por eso los conservadores, que ponen el grito en el cielo por la soberanía, están callados. ¡Despertad, que nos están jodiendo!