Gasto farmacéutico, robo social
Pello Igeregi, ELAko Osasun arloko arduraduna
La huelga de hambre protagonizada por Belen Martin frente al Hospital Ramón y Cajal para defender el derecho de su marido a recibir el nuevo tratamiento contra la Hepatitis C ha vuelto a poner sobre la mesa el papel de la industria farmacéutica de cara a asegurar el derecho a la salud.
El gasto brutal del nuevo tratamiento, el Sovaldi, que no terminamos de saber si son 25.000 euros o 60.000, pone en cuestión el modelo sanitario y farmacéutico que padecemos. Evidentemente, las personas afectadas impulsan un debate centrado en privilegiar el derecho a recibir el tratamiento respecto a su coste. No voy a ser yo quien discuta esta premisa, pero me parece que este problema merece un debate más amplio, el del papel de la industria farmacéutica.
Resulta paradójico que este mismo tratamiento en la India tenga un coste previsto de 300 dolares. Es decir, resulta más económico para nuestras administraciones financiar un viaje a la India y la compra de los medicamento allí a financiar ese tratamiento en nuestro país. Utilizando un buscador de viajes he comprobado que por 600 euros podríamos contratar los vuelos y el hotel para poder ir de Bilbao a Nueva Delhi y vuelta. Es decir, sabiendo que la cuestión no es tan sencilla, pero por 1000 euros por paciente podríamos financiar el tratamiento contra la Hepatitis C, sin embargo, Osakidetza tiene reservados para el año 2015 10 millones de euros para este concepto para atender a 123 pacientes con el Sovaldi y 255 con el Simeprevia.
La diferencia entre la India y Euskadi es que allí se prioriza el derecho a la salud, se enfrentan con las grandes empresas farmacéuticas y éstas terminan acordando que lo que pretendían ofrecer por 80.000 dolares se oferte por 300.
En todo caso, no es posible que una cuestión tan básica como la salud y la investigación necesaria para la creación de medicamentos se encuentre en manos de empresas privadas que únicamente pretenden asaltar las administraciones públicas para enriquecerse. La investigación farmacéutica se encuentra absolutamente privatizada, las empresas privadas investigan, monopolizan el conocimiento creado mediante patentes y posteriormente roban al erario público y a la población, en general, sabiendo que necesitan de sus medicamentos.
Por un lado, el ámbito público debiera fomentar una investigación que se ponga al servicio de la sociedad ¿Cuántos investigadores e investigadoras podríamos financiar todos los años con 10 millones de euros? Ese conocimiento podríamos utilizarlo para fomentar una industria farmacéutica pública que ayude a curar enfermedades y no a enriquecer a empresas a costa de nuestra salud.
Por otro lado, el conocimiento monopolizado resulta un freno insostenible a la investigación. No se puede permitir que una empresa se aproveche del conocimiento generado por toda la sociedad al 95% para investigar el siguiente 5% y paralizar la investigación en ese ámbito durante 20 años porque les protege una patente. Toda investigación se basa en un conocimiento básico que toda la humanidad ha ido generando con el tiempo, las empresas se apropian de todo ese conocimiento mediante una patente, resulta inaceptable.
Este es el resultado de dejar una cuestión básica como los medicamentos en manos de empresas cuyo único fin es el lucro ¿Qué pasaría si se privatizase completamente la sanidad? Podemos hacernos una idea. Lo que si sabemos es todas las inversiones que podríamos hacer con todo el gasto farmacéutico, más de 450 millones de euros, ni más ni menos