La captura corporativa de Osakidetza: la progresiva penetración empresarial en el sistema público vasco de salud
La ciudadanía de la CAV es consciente del profundo deterioro de Osakidetza. Según la Encuesta de Salud de 2023, la prevalencia de personas satisfechas con el sistema disminuyó en más de 10 puntos respecto a 2018 –sobre todo entre las mujeres–, mientras desciende en ese mismo porcentaje quienes creen que sus necesidades de atención sanitaria están bien cubiertas.
No se trata únicamente de una percepción. Es evidente la constatación de un círculo vicioso de desinversión –especialmente en atención primaria y servicios de salud pública–, listas de espera, precarización y temporalidad laboral, lesión sobre el derecho a la salud, y crecientes asimetrías de clase, raza y género en el acceso al mismo.
Para muestra, un botón: el porcentaje de mujeres de 50 a 69 años (población diana del programa) que se realizaron una mamografía en el programa de cribado de cáncer ha disminuido en 14,9 puntos respecto a 2018 –situándose en el 67,1% del total en 2023–, evidenciándose notables diferencias en función del nivel de estudios y las desigualdades socioeconómicas.
Precisamente un elemento ineludible que completa y engrasa el círculo vicioso comentado es la captura corporativa de Osakidetza. Bajo un relato constreñido al envejecimiento social, los crecientes retos globales de salud y la supuesta mayor eficacia de las alianzas público-privadas (APP), los sucesivos ejecutivos de la CAV han ido consolidando y expandiendo la participación activa de empresas privadas en numerosos ámbitos del sistema de salud. Incluso han planteado explícitamente, en ocasiones y cual globo-sonda, la inviabilidad del modelo público y, en consecuencia, la necesidad de avanzar hacia otro fundamentalmente privatizado y corporativizado.
Este fenómeno, que es global –sustentado sobre la posibilidad de negocio que ofrece una necesidad básica que alcanza el 10,4% del PIB en la OCDE–, se asienta por tanto en la CAV sobre bases firmes: jurídicamente, la captura corporativa del sistema público de salud se apuntala en el Estado español a partir de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud; económicamente, existe un notable poder corporativo vasco en el ámbito de la salud que, como veremos posteriormente, se despliega por una miríada amplia de ámbitos y sectores; por último, estas empresas cuentan en términos políticos con el favor indisimulado del PNV, PSE y PP, a partir de un entramado que vincula y compromete a instituciones y empresas dentro de lógicas de lobby, APP y puertas giratorias.
La captura corporativa, lejos del relato oficial de eficacia y adaptación a los nuevos tiempos es, como ya hemos señalado, parte fundamental del diagnóstico que vincula desinversión, precarización, deterioro sanitario y desigualdades crecientes, debido a que incluye los intereses privados y la lógica de maximización de beneficios como variables clave de la ecuación. La propia OCDE la ha definido como “el proceso por el cual las decisiones políticas responden al interés particular de un individuo, un grupo reducido de personas o una organización privada, en detrimento del interés público, a causa de las acciones intencionadas de esos agentes privados. La consecuencia es una regulación injusta o la ausencia de regulación cuando esta es necesaria para la protección del bien común, que resulta así perjudicado”.
Asistimos de este modo a un choque entre un derecho público y el interés común, por un lado, frente a la maximización de la ganancia y el interés privado, por el otro, como referencias para el sistema público de salud en la CAV. La captura corporativa no abunda, por tanto, en una lógica win-win entre lo público y lo privado, sino que muy al contrario se sostiene sobre una flagrante contradicción: derecho humano o negocio privado.
El presente informe se centra exclusivamente en analizar, de manera sencilla, gráfica y pedagógica, una primera fotografía general sobre la captura corporativa de la sanidad pública en la CAV. Aspiramos de este modo a avivar la alerta sobre los graves riesgos que su consolidación y/o avance comporta, planteando en consecuencia la necesidad de revertir drásticamente este proceso si queremos realmente sostener la salud como un derecho público.
No hablamos, por tanto, de una radiografía general de Osakidetza –tarea que escapa a las dimensiones de este documento–, sino un aporte específico desde una mirada clave, que complementa y refuerza el debate sobre el sistema público vasco de salud.
En términos metodológicos, hemos primado por encima de cualquier otra consideración la articulación de datos oficiales en aquellos ámbitos que definen la captura corporativa: inversión pública, conciertos sociosanitarios, subcontrataciones de servicios generales, empleos públicos privatizados, seguros privados y puertas giratorias. Ofrecemos así una imagen general e integral del fenómeno en la CAV, que combina figuras, tablas y breves textos.
Por último, y precisamente en lo que se refiere a la información pública al respecto, no podemos sino denunciar la opacidad con la que se ofrecen –u obvian– datos fundamentales, lesionando el alcance de nuestro empeño.
Frente a la necesaria transparencia en un ámbito tan estratégico y relevante, la ciudadanía cuenta con insuficiente información periódica, actualizada, sistematizada, agregada y desagregada por sectores y empresas. Especialmente significativa es la ausencia de datos absolutos en el conjunto de las externalizaciones de servicios generales, por poner solo un ejemplo. Exigimos por tanto a las instituciones pertinentes que informen con transparencia al conjunto de la ciudadanía sobre este y otros aspectos clave del sistema público de salud, dentro de un ejercicio de mínimas garantías democráticas.