Miserable recorte en conciliación

Jone Bengoetxea, Área de Igualdad de ELA, Landeia nº199.

Las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar (excedencias, reducciones de jornada, cuidado de familiares en situación de dependencia o de extrema gravedad sanitaria) quedan agotadas hasta nuevo aviso. Así lo acaba de decretar el Gobierno Vasco en su resolución del 22 de agosto publicada en el BOPV, y parece que no tiene intención de ampliar dicha partida.

No existen certezas tampoco de que se puedan cobrar las peticiones de las prestaciones tramitadas el primer trimestre de 2014, teniendo en cuenta, además, que el actual ejecutivo recortó en un 42,34% el presupuesto asignado a estas ayudas. Afirman que la cuestión queda para la reflexión y para un replanteamiento futuro de las ayudas.

Por lo tanto, desde ELA seguiremos reivindicando la creación necesaria de una infraestructura social pública e integral de cuidado. Para ello, reclamamos servicios sociales públicos e integrales, bajas parentales individuales e intransferibles, y ayudas y prestaciones económicas dignas.

Esta decisión no deja lugar a dudas de dónde quedan las políticas sociales (no sólo las ayudas sociales), a pesar de que insistan en la supuesta defensa del bienestar y de la cohesión social. Paz social, amén, y seguimos con los recortes sociales esperando sin rechistar a que algún día los planes del capital y sus cómplices gubernamentales nos obsequien con una repartición de beneficios.

“No hay más remedio”, “ahora es lo que toca” y “todos nos tenemos que apretar el cinturón”, entre otras perlas, forman parte del argumentario institucional oficial, mientras gran parte de la población y de la clase trabajadora se enfrenta a un panorama de precarización de las condiciones laborales y de vida, de desmantelamiento del estado de bienestar y la venta de derechos sociales básicos.

¿Qué ponemos en el centro de la mesa a la hora de negociar? ¿Quién y cómo se marca la agenda presupuestaria? ¿A quienes sacrificamos? Está claro que el presente ejecutivo vasco apuesta por cumplir la agenda neoliberal; incluso no ha tenido dificultades para asumir la multa por las vacaciones fiscales, porque, según ha manifestado un portavoz, existía una cantidad que se había reservado para ello.

Con todo ello, vemos cómo la cuestión de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una cuestión de segundo orden, ya que parece ser que el límite de la política social del gobierno lo marca el crédito presupuestario. Además, se añade el hecho de que conciliar la vida familiar, laboral y personal no es, en términos legales, un derecho subjetivo de la ciudadanía.

A pesar del marco legal, sabemos que fuera del mismo la demanda social gira en sentido contrario.

Así, cabe recordar que las dificultades o la imposibilidad para compatibilizar la esfera productiva y la esfera reproductiva de nuestras vidas no abarca solo el ámbito empresarial o familiar. Se trata de una realidad que plantea cuestiones de fondo en cuanto a una reorganización de los tiempos, la reorganización del mercado laboral y de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, al profundizar en la división sexual del trabajo.

La cuestión requiere un debate y un replanteamiento urgente, y reconocemos que cuestiona el modelo de sociedad en el que vivimos desde sus entrañas. Quizá resulte más complicado realizar una planificación estratégica multisectorial de políticas públicas ante la premura de ajustar déficit presupuestarios, pero la propia realidad social requiere de soluciones estructurales, y no sólo de medidas a corto plazo que solventen situaciones puntuales.

Una infraestructura social pública e integral de cuidado. Por lo tanto, desde ELA seguiremos reivindicando la creación necesaria de una infraestructura social pública e integral de cuidado. Para ello, reclamamos servicios sociales públicos e integrales, bajas parentales individuales e intransferibles, y ayudas y prestaciones económicas dignas.

Sí, todo ello, a pesar de la coyuntura actual de desajustes estructurales y de pérdida de derechos. Corremos el peligro de renunciar a una cultura de derechos por otra de prestaciones condicionadas por el mercado. Y no vamos a caer en ese riesgo.