¿Por qué no lo decimos?

Xabi Anza, Responsable de Formación de ELA

Del debate de investidura que ha tenido lugar en el Parlamento de Gasteiz me quedo con dos cosas.

La primera la resumió muy bien Andoni Ortuzar cuando dijo a los medios que no iba a haber dinero para hacer otra política, es decir, que no se va a tocar la fiscalidad. Por lo tanto no va a haber recursos para revertir los recortes de los últimos años. La segunda se refiere al autogobierno. Tres fuerzas políticas que conforman una amplísima mayoría en la cámara (PNV, PSE y Elkarrekin-Podemos) han mostrado dos puntos de acuerdo fundamentales sobre una eventual reforma del estatus político vasco: que esa reforma se basará en la legalidad y en la bilateralidad.

Ambas cosas son, a mi entender, muy importantes.

La posición política expresada en materia de autogobierno deja en minoría al soberanismo.

Primero, porque hay una amplísima mayoría que defiende la continuidad en la política fiscal y presupuestaria: PNV, PSE y PP. Y en esto, hay coincidencia con la mayoría de las Cortes Españolas. Segundo, porque la posición política expresada en materia de autogobierno deja en minoría al soberanismo.

En un plazo relativamente corto el Parlamento presentará un proyecto de estatuto político. Un proyecto que se tiene que remitir a Madrid.

Alguno dirá “sí, pero hay una mayoría vasca que defiende el derecho a decidir”. Y efectivamente es así, lo defienden. Pero lo que se ha dicho en el debate es cuál va a ser la posición efectiva en los próximos años. Y lo que se ha dicho es muy claro: lo del derecho a decidir, ahora no toca. Si esto es así, hay que pensar que un plazo relativamente corto el Parlamento presentará un proyecto de estatuto político. Un proyecto que se tiene que remitir a Madrid.

Negociar un estatuto con Euskadi no sólo supondría “pacificar” las relaciones ... aportaría algo que para España es más urgente y más necesario: supondría dotarse de un acuerdo con el que trasladar un mensaje contundente al nacionalismo catalán.

No sé que pasará en Madrid una vez que llegue allí el proyecto. Si en España son inteligentes, negociarán un nuevo estatuto que cierre el debate de autogobierno por otras dos o tres décadas. El asunto tiene su interés para el PP y para el PSOE, e incluso para C´s y Podemos. Negociar un estatuto con Euskadi no sólo supondría “pacificar” las relaciones. El acuerdo aportaría algo que para España es más urgente y más necesario: supondría dotarse de un acuerdo con el que trasladar un mensaje contundente al nacionalismo catalán: “Deberíais ser como los vascos, que han buscado un pacto honesto con el estado y lo han conseguido, en base a la legalidad y la buena fe”.

Ese acuerdo abriría un nuevo ciclo estatutario que dormiría la reivindicación nacional para otros 20 o 30 años más, para toda una generación.

Pasará esto o no. No lo podemos saber. Pero quienes defendemos el derecho a decidir, o mejor, quienes creemos que “es el momento” del derecho a decidir, deberíamos situarnos en esta hipótesis por una razón muy simple. Porque ese acuerdo abriría un nuevo ciclo estatutario que dormiría la reivindicación nacional para otros 20 o 30 años más, para toda una generación. Claro que podemos seguir así. Pero a mí, y creo que a otros muchos, no me apetece.

Paradójicamente, el discurso de EH-Bildu y del movimiento social por el derecho a decidir (Gure Esku Dago) ha venido apelando durante los últimos tiempos a un posible acuerdo, precisamente, entre quienes defienden el derecho a decidir. Esa posibilidad de acuerdo, que en el universo simbólico soberanista se nutre de imágenes diversas (Maltzaga, Lizarra…), se ha mantenido vivo hasta la investidura de Urkullu desde una constatación aritméticamente innegable: los parlamentarios vascos favorables al derecho a decidir son una inmensa mayoría, 57 de 75. Pero, como decíamos, lo que es cierto aritméticamente, no tiene por qué serlo políticamente.

No se puede seguir obviando por más tiempo la posición de quienes, defendiendo al derecho a decidir, han expresado claramente, con luz y taquígrafos, que ahora, simplemente, no toca.

Llegados a este punto, la pregunta es… ¿quién dará la mala noticia al universo abertzale? ¿Quién va a decir de una pajolera vez que la suma soberanista no puede ser el punto de partido de la estrategia soberanista? Y no es que no queramos. Sumar fuerzas entre quienes defendemos el derecho a decidir sería la mejor opción, sin lugar a dudas. Pero no se puede seguir obviando por más tiempo la posición de quienes, defendiendo al derecho a decidir, han expresado claramente, con luz y taquígrafos, que ahora, simplemente, no toca.

A nadie le gusta dar malas noticias. Pero hay que armarse de valor. Porque es preciso evitar una reforma estatutaria que no revisará ni un ápice nuestra posición de subordinación y dependencia respecto a España.

No sé qué lectura hacen muchos abertzales de lo que ha sucedido en Altsasu. Se trata de un episodio que tiene muchos ángulos, y ninguno bueno. Y yo creo que uno de ellos, y no el menor, tiene relación con el gobierno de Navarra. Creo que el estado va a intentar, entre otras muchas cosas, exacerbar las contradicciones del actual gobierno navarro. No porque crea que se va a apuntar al soberanismo ni porque vaya a implantar una comuna. No dan para eso ni los actores ni la correlación de fuerzas. El estado apunta al gobierno de Iruña porque es un ejemplo de lo que no debe cundir, no porque esté haciendo maravillas.: simplemente porque es una acumulación de fuerzas no tuteladas por el pacto de estado (PP o PSOE o ambos a la vez). No debe cundir ni en lo social, ni en lo nacional y cultural. Por eso Urkullu es el ejemplo a seguir. Por eso se le ensalza en los medios del estado.

Y por eso no entiendo nada, cuando abertzales de bien e independentistas, siguen enarbolando, a día de hoy, la bandera del acuerdo por el derecho a decidir. Ojalá fuera posible. Ya va siendo hora de aceptar como definitivo lo que se dice abiertamente hasta en el Parlamento. Y concluir lo necesario: quienes hoy aspiramos y necesitamos el derecho a decidir somos minoría. Dicho lo cual… ¡a trabajar!

Con todo, hay algo que todavía entiendo menos, como cuando en el diario impreso de referencia de la izquierda abertzale el pacto PNV-PSE se califica como “socialdemócrata”.

El presupuesto del Gobierno vasco es de algo más de 10.000 millones de euros. Si esto fuese una socialdemocracia, ese presupuesto casi se podría duplicar. Que se lo digan a los que malviven de la RGI; que se lo digan a las trabajadoras de las Residencias de Bizkaia…

Por hacer memoria. Cuando asesinaron a Olof Palme en 1986, la presión fiscal en Suecia era del 47% del PIB (casi 10 puntos más que diez años antes). Ahora la presión fiscal en Suecia es del 44%. En la CAPV, la presión fiscal es hoy del 30% del PIB. ¿Nos hacemos una idea de lo que eso significa? El presupuesto del Gobierno vasco es de algo más de 10.000 millones de euros. Si esto fuese una socialdemocracia, ese presupuesto casi se podría duplicar. Que se lo digan a los que malviven de la RGI; que se lo digan a las trabajadoras de las Residencias de Bizkaia…

Basta ya de engañarnos, como abertzales, como izquierda. El rey está desnudo. ¿Por qué no lo decimos? Cualquier día puede ser bueno para empezar. Por ejemplo mañana, en Altsasu. Como debe ser.