Por una política industrial de y para la clase trabajadora
El informe Por una política industrial de y para la clase trabajadora. Diagnóstico y propuesta integral desde una perspectiva ecosocial parte de una constatación clara: la industria sigue siendo estratégica para el bienestar colectivo, pero las políticas han estado orientadas a garantizar la rentabilidad privada antes que las necesidades sociales. Y es que aunque la economía de Hego Euskal Herria ha seguido creciendo desde 2000, la industria ha perdido peso en la producción y el empleo, y la producción industrial permanece prácticamente estancada desde antes de la crisis de 2008. Esta evolución no ha mejorado significativamente las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino que los salarios reales apenas han aumentado, mientras que la parte de la riqueza que se apropian empresas y accionistas ha crecido de forma notable.
Esto ha sido posible, según el informe, porque las políticas industriales de las últimas décadas han mantenido la misma lógica de fondo: utilizar recursos públicos para reducir riesgos empresariales y garantizar inversiones privadas, mientras los beneficios han quedado en manos de grandes corporaciones y accionistas.
Frente a este modelo, el Gabinete de Estudios recoge en el informe una propuesta integral de política industrial basada en tres principios: avanzar hacia empresas estratégicas sean de propiedad pública, cooperativa o social; garantizar la participación real de las personas trabajadoras en las decisiones económicas; y orientar la producción a satisfacer necesidades sociales dentro de los límites ecológicos.
Entre las principales propuestas destacan la creación de un Ente Vasco de Participaciones Industriales, una banca pública de desarrollo, un sistema público de seguimiento y alerta temprana del tejido industrial y una empresa pública de energía renovable. El informe también recoge medidas para garantizar el arraigo de las empresas estratégicas y evitar que proyectos impulsados con recursos públicos terminen en manos de fondos de inversión o multinacionales sin retorno para la sociedad.
ELA concluye que acelerar procedimientos administrativos o facilitar inversiones privadas no garantiza ni el mantenimiento del empleo, ni el arraigo empresarial, ni una transición ecológica justa. Por ello, reclama una política industrial que sitúe a la clase trabajadora en el centro, incorpore mecanismos de control democrático y garantice que los recursos públicos reviertan en el conjunto de la sociedad.
Además del documento extenso, el Gabinete también ha puesto a disposión un resumen del mismo con las principales idea y propuestas.
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