Propuesta de ELA para crear empleo de calidad

Del Análisis de Coyuntura 125 del Gabinete de Estudios de ELA

Las propuestas de ELA son:

1. Aplicar políticas para crear empleo de calidad exige, en primer lugar, un cambio radical en las políticas presupuestarias y fiscales que se vienen aplicando. Las políticas de ajuste y de recortes presupuestarios están dando lugar a un fuerte aumento del paro. Por ello es necesario revertir estas políticas presupuestarias. Un aumento del gasto público es imprescindible, para lo cual se requiere también un giro radical en las políticas fiscales aplicadas en los últimos años, como viene reclamando ELA mediante diversas propuestas. Es preciso recordar el déficit fiscal existente con la Unión Europea (2.000 millones al año en Navarra y 4.400 millones en la CAPV), y la consiguiente descapitalización y renuncia a crear empleo que conlleva.

2. Se debe desarrollar el sector público, en especial los servicios públicos que tienen que ver con el Estado del Bienestar. En Euskal Herria el nivel de gasto público en protección social (24,5% del PIB) es muy inferior al de la media europea (29,4% del PIB), lo que repercute en un menor nivel de coberturas sociales y de  empleo. Es necesario aumentar el nivel de empleo público en sanidad, educación, servicios sociales, transporte, etc. Como se ve, mejorar la protección social conlleva un mayor nivel de empleo de calidad.

3. Reducción de la jornada sin reducción de salario. El fuerte aumento del desempleo que se viene produciendo va de la mano de un aumento de la productividad, que va a parar a los excedentes empresariales. Es decir, se está produciendo una distribución de la riqueza en la que la parte de las rentas de trabajo es cada vez menor, favoreciendo a las rentas empresariales y del capital. La reducción de la jornada a 35 horas, sin reducción salarial, es una política de creación de empleo y que es perfectamente posible si se acepta una distribución de la riqueza más justa. Del mismo modo que aumentar la jornada, como ha hecho el Gobierno Vasco, dejando de lado los acuerdos alcanzados en su día e incumpliendo la ley aprobada en el Parlamento Vasco para reducir la jornada a 35 horas, va suponer que menos personas trabajen más horas. Es necesario, además, abordar el reparto del trabajo, tanto del productivo como el del reproductivo.

4. Aumentos de salarios por encima del IPC y niveles dignos de coberturas sociales. La creación de empleo también está relacionada con la capacidad de compra de bienes y servicios. Si no hay empleo y si las condiciones de trabajo son cada vez peores, es imposible que se genere una capacidad de compra de bienes y servicios. Un modelo basado en la exportación no va a absorber la caída de empleo provocada por la caída del consumo interno. ¿A quién compramos si no tenemos ingresos? Por eso, es suicida, en términos económicos, una política de reducciones salariales o de reducción de las prestaciones sociales. Se ha demostrado que mejorar el poder adquisitivo de los salarios y de las prestaciones sociales contribuye a crear empleo, además de a una más justa distribución de la renta.

5. Un salario mínimo digno y establecimiento de una renta máxima autorizada. El salario mínimo debería ser una herramienta para garantizar unas condiciones laborales y de vida dignas. Sin embargo, la cuantía fijada en el estado español (645,3 euros al mes, 748,3 si se incluye la parte proporcional de pagas extras) es una cantidad a todas luces insuficiente. Es, además, muy inferior a los más de 1.400 euros que se establecen en Francia, Países Bajos, Irlanda o Bélgica o a los 1.801 euros de Luxemburgo. También es importante establecer un ingreso máximo autorizado, que evite la enorme concentración de riqueza. Es una cuestión de justicia social, democracia y de respeto al planeta (hay que establecer límites a la depredación de un planeta finito). Existen vías, como la imposición de un tipo marginal del 100% a partir de un determinado nivel de renta o de beneficios, que permiten llevar a la práctica esta reivindicación.

6. Modificación radical de la actuación de las entidades financieras. Es necesario revertir la bancarización de las Cajas de Ahorro (Kutxabank, CAN). Asimismo, hay que reorientar la actuación del sistema financiero, para que se centre en la provisión de crédito a las familias y a las empresas, eliminando la especulación y prohibiendo las actuaciones que tienen que ver con la evasión de impuestos (incluidos los paraísos fiscales). El principal problema de muchas empresas vascas es la inexistencia de crédito, que afecta también a empresas solventes y con productos con futuro. El actual sistema financiero no da respuesta a las necesidades existentes, debido a determinadas prácticas especulativas que no deben tener lugar. El comportamiento especulativo que ha provocado la actual crisis no ha cambiado.

7. Política industrial. Se debe garantizar la financiación (de inversiones, I+D+I o circulante) para las empresas que tienen un proyecto y producto con futuro. Por otro lado, el Gobierno Vasco debería definir los sectores estratégicos y desarrollar planes concretos para su impulso. Son imprescindibles los proyectos y planes para impulsar sinergias entre empresas que ofrecen productos complementarios. También se requiere:

  *  Un papel activo de las instituciones para hacer labores de intermediación y obtención de capital para empresas cuyo futuro está en peligro.
  *  Ayudar y dinamizar los procesos de internacionalización de empresas.
  *  Poner en marcha planes concretos sobre empresas pequeñas y medianas.
  *  Abrir un proceso de reflexión sobre la inversión y desarrollo, teniendo en cuenta que hay que poner al servicio de la sociedad lo que se impulsa con dinero público.

8. Impulso de los empleos verdes. Es fundamental el impulso de actividades sostenibles desde una perspectiva económica, social y medioambiental. Es cada día más evidente la urgencia de cambiar el actual modelo de producción, distribución y consumo. El hecho de que los niveles de CO2 en la atmósfera ya superen los 400 partes por millón de partículas (cuando el nivel máximo aceptable se estima en 350) es una muestra de ello. Sin ánimo de ser exhaustivos, existe un gran potencial de empleo en actividades relacionadas con las energías renovables, la gestión y tratamiento de residuos, la regeneración de suelos, la agricultura ecológica (y la interrelación entre el sector primario y el resto de sectores), el control y prevención de la contaminación, etc.

9. Dar marcha atrás en las reformas de pensiones aprobadas en los últimos años. Las últimas reformas han retrasado la edad de jubilación (hasta los 67 años), han reducido la cuantía de las nuevas pensiones y han impuesto pérdidas de poder adquisitivo. Retrasar la edad de jubilación supone aumentar el paro en la gente joven. Por tanto, es necesario dar marcha atrás en los recortes adoptados, y dignificar las cuantías de las pensiones, para contribuir a la reducción del desempleo. Todos los contratos deben cotizar a la Seguridad Social.

10. Mantenimiento del empleo. Las reformas laborales han aumentado la flexibilidad laboral a decisión unilateral del empresario. Esto ha provocado un aumento de los despidos y una precarización del empleo. Esta mayor flexibilidad está teniendo como resultado directo un mayor nivel de desempleo, por lo que la mejora de los derechos laborales, incluyendo la marcha atrás en las reformas laborales y de negociación colectiva aprobadas en los últimos años, se convierte en una política necesaria, tanto para que no se destruya empleo como para mejorar esas condiciones. En este sentido es importante no permitir despidos por causas económicas, organizativas o de producción cuando las empresas están en beneficios o lo hayan estado en años anteriores.

11. Desarrollo de un Servicio Público de Empleo potente y de un modelo de formación de calidad, que responda a las necesidades reales existentes en la CAPV:
 El actual modelo de formación para el empleo es una copia del modelo español, fracasado y de baja calidad, que no sirve más que  para el lucro de las entidades y organización participantes en él, que deciden autoasignarse más de un tercio de los fondos públicos. ELA reclama que se abandone este modelo, y se opte por un diseño propio, basado en las necesidades sociales y económicas de nuestro territorio, e impartido por los centros de formación profesional homologados de reconocido prestigio.
 En relación a la intermediación laboral, ELA defiende que se haga mediante el Servicio Público de Empleo, abandonando el actual diseño de subvención y financiación de entidades privadas, las cuales en muchas ocasiones no dan un servicio adecuado ni garantizan la igualdad de oportunidades.
 Denunciar la transferencia de las competencias de empleo y formación, por su falta de capacidad de decisión y la pérdida económica que conllevan. La capacidad de decisión en materia de políticas de empleo (tanto  de las políticas activas como de las pasivas) debe estar en manos de las instituciones vascas, como parte fundamental de lo que denominamos Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social.