Respuesta a Eugenio Ibarzabal

Xabi Anza, responsable de formación del sindicato ELA (este artículo ha sido publicado en el blog de re publica)

Me he acercado con interés al artículo de Eugenio Ibarzabal titulado “Un país, dos modelos” publicado en El Correo el 11 de mayo, en el que reflexiona sobre la influencia sindical a través de la presión en la calle y, para mí sorpresa, acaba refiriéndose al gobierno, por un lado, y al contrapoder sindical, por otro, como si se tratasen de dos modelos sobre cuya prevalencia el ciudadano-lector debiera optar.

Digo que me sorprende este razonamiento porque el autor, de trayectoria intelectual indiscutida, parece olvidar que en las democracias la ciudadanía construye dos niveles de legitimación colectiva distintos.

Por un lado, esa ciudadanía, en cuanto pueblo, ejerce su soberanía, elige sus representantes, constituye los poderes, y ejerce, efectivamente, el gobierno desde del poder ejecutivo.

Pero esa ciudadanía, además de pueblo, construye otro nivel o línea de legitimación, en cuanto sociedad que se organiza en base a derechos fundamentales. En esa sociedad existen aspiraciones éticas, religiosas, socioeconómicas, culturales, solidarias… muy diversas y, en ocasiones, contrapuestas. Y en virtud de la libertad de asociación, las organizaciones de la sociedad civil ejercen libertades fundamentales como las de opinión o manifestación, entre otras. Estas organizaciones de la sociedad civil se legitiman por sus asociados, afiliados o simpatizantes y tratan, en muchas ocasiones, de influir políticamente, en la otra línea de legitimación, para condicionar las políticas, la actividad legislativa o el desempeño de los gobiernos. Así lo hacen, efectivamente, los sindicatos, exactamente igual que lo hacen las patronales, las ONGs, los movimientos sociales, las confesiones religiosas, etc.

Me llama la atención que el autor se limite a hablar de “dos modelos”. Cada día, por ejemplo, poderosísimos medios de comunicación, pensadores, patronales y escuelas de negocios, ejercen en nuestro país su libertad de opinión e influencia con mucha mayor intensidad, en mi opinión, que el mundo sindical, y defendiendo exactamente políticas contrarias a las propuestas por las centrales. Al mismo tiempo otras muchas organizaciones se movilizan de manera intensa en nuestros lares: organizaciones feministas, de pensionistas, pacifistas y otras muchas ocupan cada días las calles de nuestras localidades. Miles de personas ejercen su libertad religiosa regularmente en los centros de culto y en las calles. Sus líderes hablan continuamente en los medios. Movimientos sociales, organizaciones gubernamentales y otras trabajan sin denuedo cada día y tratan de influir en el legislativo y en el ejecutivo. Faltaría más. El autor, sin embargo, solo repara en la acción sindical, y la contrapone a la acción gubernativa, como si el ciudadano tuviese que elegir, entre ser pueblo y ser sociedad, entre votar en las elecciones políticas o afiliarse a un sindicato. Insisto, no puedo ocultar mi sorpresa… y también mi desolación, habida cuenta de que hablamos de un articulista de trayectoria intelectual reconocida, que ha tenido además altas responsabilidades institucionales, como la de haber sido Secretario general de Presidencia y Portavoz del Gobierno Vasco con el lehendakari Ardanza.

El muy citado economista turco Daron Acemoglu, experto en desarrollo y en el papel de las instituciones en nuestras sociedades, defiende que hay dos elementos clave que explican el éxito de un país: 1) tener una sociedad movilizada y 2) gozar de unas instituciones integradoras, receptivas (no necesariamente obedientes) a las demandas de la sociedad civil movilizada.

Tengo para mí que nuestra clase política ha heredado un marco (el del régimen del 78) que observa con desconfianza la movilización de la sociedad, y en ocasiones hasta criminiliza la acción colectiva y reivindicativa. Es patente por ejemplo la diferente relación que los actores sociales de Iparralde tienen con los electos, las instituciones y los gobiernos, basta cruzar el Bidasoa para verlo. Es quizá el precio que seguimos pagando por no haber podido derrocar al dictador como sí hicieron los portugueses, y de que se fiasen muchos de nuestros procesos políticos e institucionales a las élites representativas. Es una hipótesis que defiendo, aunque no es este el lugar para desarrollarla. Tampoco tengo por qué tener razón. En cualquier caso, es evidente que nuestra sociedad, la vasca, es una sociedad ampliamente movilizada. Y deberíamos felicitarnos por ello, creo que todos y todas. No tengo tan claro, sin embargo, que gocemos de unas instituciones realmente integradoras. Y, por eso, resulta decepcionante que pensadores influyentes del país, estrechen tanto el foco para explicar lo que pasa en nuestras calles, como si los gobiernos no tuviesen quién les defienda. Muy decepcionante.