Soberanía democrática
Pensamos el soberanismo en el contexto de una crisis sin precedentes. Una crisis cuya gestión –basada en los recortes de derechos sociales y políticos– difícilmente hubiera podido darse si al mismo tiempo no se hubiese procedido a una destrucción programada de múltiples instrumentos democráticos.
No se trata de hacer una defensa de la democracia que hemos conocido, tutelada por poderes fácticos y de muy poca calidad. Lo relevante es que era empeorable y ha sido empeorada. Por democracia entiendo, sin más ambiciones, un sistema que interpone mecanismos de resistencia a las prácticas arbitrarias, codiciosas y violentas del poder político y económico. Esos mecanismos son bien conocidos: la separación de poderes, el sufragio universal, la existencia de medios de comunicación públicos, las libertades y derechos fundamentales… Pero en el curso de esta crisis se ha producido un cuadro de averías importante, para proceder, como decía, a un recorte de derechos sin precedentes: el abuso sistemático de procedimientos legislativos extraordinarios para todas las reformas y recortes; la acelerada concentración y privatización de los medios de comunicación hegemónicos; la financiación de partidos por parte de empresas privadas que acaban controlando la actividad legislativa, los concursos, adjucaciones públicas y la actividad regulatoria del estado (energías, etc.); y, finalmente, la represión creciente de la acción colectiva y reivindicativa (ley mordaza, ataque a la negociación colectiva…).
Este asalto a la democracia para blindar una gestión neoliberal de la crisis, introduce un elemento nuclear en el debate soberanista. Porque no se trata sólo de que el estado nos niega el derecho a decidir, sino que se está destrozando la soberanía de los pueblos. Y en ese contexto no podemos sino hacer nuestra esa bella metáfora de “la plaza” ocupada que propuso Joseba Sarrionandia: es preciso que ocupemos la plaza pública, hoy llena de mercaderes, para recuperar como pueblo la palabra y la decisión.
Urge hacerse una pregunta: ¿con qué políticas se piensa hacer un proceso de construcción nacional? Estoy convencido de que el proceso soberanista sólo concitará las adhesiones sociales mayoritarias que precisa si ponemos en el centro del proceso las políticas en pro de la justicia social.
Por eso es necesario sacar las conclusiones de lo que ha sucedido y está sucediendo en Grecia, Escocia y Cataluña. Porque la aspiración a mayores cotas de justicia social constituye el elemento más central y más cohesionador de las amplias movilizaciones que se han producido en esos tres países. El cambio político y social al que esos países aspiran tiene un leitmotiv compartido: dotarse de los instrumentos para decidir sus políticas de bienestar y cohesión.
El caso griego nos interesa por tratarse de la primera vez en Europa en que un pueblo aúpa al poder a una fuerza política con un programa netamente contrario a la disciplina neoliberal impuesta por la socialdemocracia y la democracia cristiana, las dos familias que han liderado el proceso de construcción de la Europa del capital que conocemos. No sabemos lo que sucederá en Grecia, pero concluimos de ese caso que sólo un pueblo movilizado está en condiciones de retomar las riendas sobre sus propias decisiones y sobre la relación que quiere establecer con el resto de naciones en el marco europeo. Lo que la correlación de fuerzas dará en los próximos meses está por ver.
En el caso escoceses evidente que los nacionalistas han hecho bandera casi exclusiva del fortalecimiento de los servicios públicos y la justicia social para polarizar el debate político frente a la élite londinense torie-laborista. La pérdida del referéndum por un escasísimo margen no ha impedido sino que ha obligado incluso a que el gobierno británico deba presentar un programa de transferencias de poderes para Escocia que deberá concretarse en los próximos meses.
De Cataluña, los elementos que tienen que ver con la financiación y los servicios públicos (sanidad…) han estado en el origen de la polarización. Por otro lado, es una evidencia histórica que son precisamente los sectores más progresistas de la sociedad los que han apoyado históricamente las demandas de autogobierno y reconocimiento nacional.
Mientras tanto, en Euskal Herria, vamos y venimos, entre la envidia y la impotencia.
En primer lugar, nos encontramos ante un estado sólo reconoce a las instituciones vascas cuando de lo que se trata es de acordar la aplicación de las políticas económicas y sociales defendidas por la Troika. Aparte de eso, el programa de Rajoy para con Euskal Herria es recentralizador en el autogobierno, uniformizador en lo cultural, y represivo, muy represivo, en el capítulo de la paz y la normalización política.
En segundo lugar, ese vidente no existe entre los abertzalesun diagnóstico compartido la involución en el autogobierno. Todas las vías ensayadas hasta la fecha para nuestro reconocimiento nacional están definitivamente agotadas. El estado español no reconoce a las naciones que cohabitan en su seno. Y en nuestra casa, se ha revisado y abandonado definitivamente la lucha armada, pero no se ha revisado la opción estatutista.
En tercer lugar, cada día está más claro que estatutismo que apela a la llamada “bilateralidad” con el estado tiene más que ver con un programa económico y social compartido con las élites empresariales, financieras y políticas que con la soberanía vasca. A pesar de las apariencias de controversia y confrontación, lo cierto es que en las materias de cierta enjundia económica se acuerda todo o casi todo con el estado: déficit y pago de la deuda (en este caso también con las diputaciones), Kutxabank, el TAV, la política fiscal…
Por todo ello, en este escenario de oportunidad que naciones como Cataluña y Escocia están aprovechando, lo deseable sería que todas las fuerzas sociales y políticas que compartimos la reivindicación del derecho a decidir compartiésemos un diagnóstico y una estrategia en lo que tiene que ver con el derecho a decidir y la normalización política. Pero si esto no es posible, lo realista es trabajar entre quienes podemos compartir un diagnóstico en relación con el proceso soberanista.
Necesitamos cambiarlas políticas neoliberales, que rompen a la sociedad y a los pueblos. Necesitamos políticas de solidaridad que ilusionen al conjunto de la sociedad por una sociedad decente. Necesitamos ligar nuestra lucha por la soberanía a la lucha social, para que está esté al servicio de las mayorías sociales, y para que el derecho a decidir gane también las mayorías que necesita para poder realizarse. Y difícilmente todo esto podrá hacerse sin importantes dosis de movilización popular.