TAV: Pradales contra la mayoría de Ipar Euskal Herria

Xabi Irastorza, Manu Robles-Arangiz Fundazioa

Los cargos electos de la Mancomunidad de Iparralde se pronunciaron con claridad en 2021: de 158 representantes, 144 —más del 80%— rechazan la construcción de una nueva vía para el TAV. No fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de décadas de análisis, informes sobre impacto ambiental, ocupación del suelo, consecuencias en la vivienda y la economía, y de la escucha activa a la ciudadanía y a la sociedad organizada. La conclusión fue firme: una nueva vía es innecesaria, inadecuada y no supone beneficio, además de generar serias dudas sobre su viabilidad y rentabilidad económica.

Los cargos electos no se oponen al tren. Al contrario, apoyan la modernización de la línea Burdeos–Irun, que responde mejor a las necesidades actuales, con menor impacto ambiental y mayor eficiencia. Numerosos expertos coinciden con esta posición.

Las asociaciones Bizi! y CADE llevan años alertando de los daños ambientales del TAV: destrucción de espacios naturales, masiva ocupación de suelo y elevadas emisiones de CO₂. Son impactos inherentes a este tipo de infraestructuras, no efectos secundarios. A ello se suma el riesgo de encarecimiento de la vivienda. El modelo de movilidad ligado a la alta velocidad acelera la especulación urbanística y un desarrollo desequilibrado e insostenible, debilitando las comunidades locales y alterando la estructura del territorio. Esto puede agravar un problema social ya especialmente grave en Ipar Euskal Herria.

No existe, por tanto, justificación técnica, económica ni social para un nuevo trazado del TAV en este territorio. La oposición es amplia desde hace tres décadas y fue ratificada por el 80% de los cargos electos en 2021.

En este contexto, resulta escandalosa e inaceptable —desde una perspectiva abertzale y democrática— la posición que el PNV y el Gobierno Vasco han adoptado. Iñigo Urkullu primero e Imanol Pradales ahora han defendido reiteradamente que la conexión del TAV con Ipar Euskal Herria debe realizarse cuanto antes, pese a la oposición mayoritaria de los cargos electos, de los agentes sociales y de la ciudadanía local.

No se trata de una discrepancia de opinión. El problema es que las instituciones de un territorio de Euskal Herria están ejerciendo presión institucional contra lo que otro territorio ha trabajado, debatido y decidido democráticamente. Así ha ocurrido cuando Urkullu y Pradales se han reunido con el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, con el coordinador del corredor atlántico europeo, François Bausch, y con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, para tejer alianzas políticas destinadas a imponer sus intereses por encima de las decisiones de las instituciones y la ciudadanía de Ipar Euskal Herria.

La situación es especialmente grave desde un punto de vista abertzale. ¿Cómo puede entenderse que quien preside una institución vasca y quienes representan un proyecto político que reconoce la integralidad de Euskal Herria busquen alianzas con responsables externos para actuar contra una decisión adoptada democráticamente —y por amplia mayoría— en otro territorio vasco, utilizando además sus instrumentos de autogobierno? ¿Cómo justificar que se llegue a pedir al Gobierno francés que imponga el proyecto del TAV contra la voluntad expresada por la ciudadanía vasca del territorio?

El debate sobre el TAV cuestiona el modelo de desarrollo, la sostenibilidad, el respeto institucional y el funcionamiento de la democracia. La regla demodrática más básica es la de respetar las decisiones que un territorio toma en función de su realidad y sus necesidades. Hacer lo contrario socava la confianza interinstitucional y daña las relaciones entre territorios. No es justo ni política ni éticamente, y, además, considero que es un grave error desde una perspectiva de la construcción nacional que representantes de un territorio intenten neutralizar, mediante la imposición, la voluntad de otro.

Euskal Herria en su conjunto merece poder decidir y que se respeten su decisiones. Imponer un proyecto rechazado por la ciudadanía no es colaboración ni integración; genera ruptura y desconfianza.
Es necesario debatir el modelo actual de transporte y el futuro. La emergencia climática, la movilidad sostenible y la cohesión territorial exigen debates profundos. Sea cual sea la posición de cada cual, resulta inadmisible recurrir a la imposición o intentar silenciar a la ciudadanía, especialmente cuando lo hace quien debería representarla.

Ipar Euskal Herria se ha pronunciado con claridad: no quiere una nueva vía para el TAV y propone como alternativa la modernización de la línea existente. Por ello, señor lehendakari, respete lo que este territorio ha trabajado y decidido democráticamente; respete a las instituciones de Euskal Herria y sus decisiones.

No se trata sólo del TAV, está en juego la propia concepción de la democracia. Ipar Euskal Herria ha dado una lección ejemplar: ha escuchado a la ciudadanía y a la sociedad organizada, y con el respaldo de una amplia mayoría de cargos electos ha priorizado las necesidades del territorio y la defensa del medio ambiente. Ojalá otras instituciones hicieran lo mismo o, al menos, se mostraran dispuestas a escuchar la opinión de los agentes sociales, de la sociedad organizada y de la ciudadanía.