La Unión Europea impone políticas neoliberales y niega la soberanía de los pueblos
Mikel Noval, responsable de Política Social de ELA. Foro Social de Salvador de Bahía 2018/03/18.
Esa primacía de la unidad territorial de los estados sobre los derechos humanos, económicos, sociales o culturales se visualizó posteriormente con el tristemente famoso acuerdo de las Azores para invadir Irak, firmado por Bush, Blair, Aznar y Durao Barroso (que luego fue presidente de la Unión Europea). Ahora se está viendo también con lo que pasa en Cataluña que la Unión Europea es una Unión de Estados que cierran los ojos frente a las necesidades y a los derechos de los pueblos. Por eso ELA se posicionó en su día en contra del Tratado de la Unión, siendo prácticamente el único sindicato mayoritario europeo que fijó esa posición, y lo decimos con orgullo.
Un ejemplo paradigmático de eso es lo que ocurrió en Grecia, lo que pasó con Syriza. Más allá de la voluntad real de esta fuerza política, se pusieron en marcha todos los mecanismos para impedir que un gobierno electo cumpliera con su programa.
En la Unión Europea se ha ido imponiendo a los Estados la implementación de una política neoliberal, se han ido perfeccionando los mecanismos para que al final los gobiernos no tengan alternativa; para obligar a los gobiernos a que no implementen políticas alternativas al modelo neoliberal. Un ejemplo paradigmático de eso es lo que ocurrió en Grecia, lo que pasó con Syriza. Más allá de la voluntad real de esta fuerza política, se pusieron en marcha todos los mecanismos para impedir que un gobierno electo cumpliera con su programa.
Estos mecanismos tratan de obligar a la aplicación permanente de políticas neoliberales, violando plenamente o abiertamente la posibilidad de desarrollar la democracia. ¿Para qué sirve votar si no se pueden implementar propuestas alternativas? De esta forma se está violando cualquier posibilidad de democracia.
Este rescate de las entidades financieras se ha hecho en detrimento de las condiciones de vida de la población.
Lo que ha sucedido en materia de deuda sobre todo en los estados del Sur – Grecia, Portugal, el estado español-, lo que se ha hecho es convertir la deuda privada en deuda pública. Esto se ha hecho fundamentalmente a través de mecanismos como el rescate bancario. En el Estado español se han destinado más del 10% del PIB, más de 100.000 millones de euros, para rescatar la banca y lo que se ha hecho es que la deuda que estaba en mano de las entidades financieras ha pasado a manos del sector público. Este rescate de las entidades financieras se ha hecho en detrimento de las condiciones de vida de la población.
Se ha dado un incremento muy importante de la deuda pública, acompañado de políticas de recorte del ámbito social y todo lo que tiene que ver con la protección social (en materia de salud, inversiones como educación, vivienda, etcétera), y una caída de los ingresos públicos; es decir que se ha combinado una rebaja de los ingresos con un recorte del gasto y un considerable incremento de la deuda pública.
O sea que la deuda pública no ha crecido porque se ha disparado la inversión social; la deuda pública ha crecido porque han caído los ingresos y los ingresos han caído porque se han aplicado políticas de recortes de los impuestos a las rentas altas a las empresas y al capital y porque se permite (hay convivencia) entre las instituciones y quienes practican el fraude fiscal, que casualmente son los mismos grandes grupos: las rentas altas, las empresas y el capital.
Para poner unos datos sobre todo esto, hay que decir que comparando el año 2009 con el año 2018 se puede hablar de una década perdida. Para quienes defendemos las posiciones sociales, las posiciones progresistas, los datos son muy malos; para quienes defienden las políticas neoliberales seguramente fue una década maravillosa.
1. En el año 2009 el pago de la deuda del Gobierno Vasco era tan solo 83 millones de euros, el 0,8% de su presupuesto; en el año 2018 el pago presupuestado de la deuda asciende a 1.346 millones de euros; es decir el 12% del total del presupuesto del gobierno se destina al pago de la deuda.
2. Sin embargo los recursos que se destinan a educación o a salud, han caído; en el año 2018 se destinan a educación 3.267 millones de euros (entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra), 200 millones de euros menos que en 2009. Eso significa que si se agrega el efecto de la inflación resulta evidente que ha habido un importante abanico de recortes en el ámbito educativo. En estos días se está afrontando un proceso de huelgas para rechazar las consecuencias de esos recortes en el sector educativo, se está intentando dar marcha atrás en los mismos.
3. Igual pasa en el ámbito de salud en donde actualmente se destina menos dinero que en el 2009. Han pasado 9 años pero ha aumentado el pago de la deuda y reducido los gastos sociales.
La deuda pública que debería ser un instrumento de financiación de intereses colectivos para el bienestar de la población, se ha convertido en un instrumento de transferencia de recursos públicos hacia el sector privado (financiero y no financiero). Ante esto hay que hacerse algunas preguntas: ¿hay que seguir pagando la deuda pública que se genera como consecuencia de los rescates bancarios?
¿Habrá que pagar la deuda pública que se genera por la imposición de grandes proyectos inútiles innecesarios, como por ejemplo del tren de alta velocidad que se está construyendo en el País Vasco?. ¿Habrá que pagar la deuda que se genera como consecuencia de una política fiscal como la que explicada anteriormente? ¿Será justo desahuciar a una familia porque no tiene capacidad económica para poder afrontar el pago del alquiler o el préstamo de su vivienda? Esas son las preguntas que habría que responder, para lo que se necesita es una reflexión política de calado, acción y movilización.
La denominada “regla de gasto”, aplicada de manera permanente obliga a recortes, obliga a privatizar, obliga a facilitar el negocio con las necesidades sociales, y eso es lo que se hace con la connivencia de instituciones como el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra.
La opción de las instituciones ha sido clara. En el Estado español en 2011 se reformó la constitución de manera exprés en un verano, en un agosto y en esa reforma se estableció la prioridad del pago de la deuda frente a todos los demás servicios; de manera arbitraria se modificó la constitución, en una dirección contraria a lo que tendría que ser un estado social y derecho. Además se ha impuesto la denominada “regla de gasto”, según la cual cada año el gobierno español dice cuánto puede incrementar el presupuesto de todas las instituciones y por ello en el presente año aprobó que era sólo el 2.4%. Esta política aplicada de manera permanente obliga a recortes, obliga a privatizar, obliga a facilitar el negocio con las necesidades sociales, y eso es lo que se hace con la connivencia de instituciones como el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, que acuerdan con el gobierno de Rajoy la aplicación de esa regla de gasto.
Por ello las organizaciones populares estamos combatiendo las políticas neoliberales, incorporamos la demanda de la auditoría de la deuda como un eje importante de nuestras reivindicaciones; y como organización sindical compartimos impulsar la auditoría de la deuda. Vamos a continuar confrontando las políticas y la lógica del sistema capitalista, y buscando la alianza entre los distintos movimientos que confrontamos ese sistema.