¿Inmigrantes o ciudadanos?

Capítulo 1 del libro Inmigración, diversidad e identidades culturales:¿Problema u oportunidad?

Eduardo J. Ruiz Vieytez (director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe)

En los últimos 20 años hemos vivido en Euskadi [el autor se refiere a los siete territorios vascos] procesos muy intensos de inmigración que eran desconocidos para nosotros. Ello ha ayudado a consolidar una nueva diversidad a la que no estábamos acostumbrados.

La inmigración en sentido estricto es únicamente un movimiento, un desplazamiento, y ello acaba como tal en el momento de la llegada de una persona que antes no residía en su destino. En rigor, la inmigración como proceso de movimiento acaba una vez que se cruza una frontera o cuando la persona inmigrante se instala en un lugar, por ejemplo Euskadi, con la intención de quedarse un tiempo, aunque esa instalación sea muy precaria en el primer momento. Por ello, en rigor, solo podríamos considerar a una persona como migrante mientras la encontramos en el proceso de traslado de un lugar a otro, pero no si ya se ha establecido entre nosotros con el ánimo de poder quedarse para una temporada más o menos larga.

Así pues, desde el punto de vista de la gestión pública, la persona que, viniendo de otros países, ya ha decidido quedarse y desarrollar su proyecto de vida (o al menos intentarlo) en Euskadi es un vecino o vecina más. Debe ser considerado una persona ciudadana; o si se quiere, como un nuevo/a ciudadano/a vasco/a. Resulta injusto y desenfocado hablar permanentemente de inmigrantes y nativos en una sociedad democrática y moderna. Convivimos en la sociedad vasca distintas personas que llevamos más o menos tiempo afincados en esta tierra y que, en muchos casos, no sabemos por cuánto tiempo resideremos en ella.

Hablar de inmigrantes de segunda o tercera generación es aún más injusto, puesto que convierte en inmigrante al descendiente del mismo, aunque nunca haya salido de su ciudad. Es una manera de seguir excluyendo o negando derechos que deben estar disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas que participan y a la vez contribuyen al progreso de una misma sociedad.

Enfocar las políticas públicas desde la inmigración y no desde la condición de ciudadanía, acaba pervirtiéndolas, puesto que los “inmigrantes” (incluso los de “segunda o tercera generación”) siempre son sujetos potenciales de discriminación o de recorte de derechos. Sus demandas son puestas en el último lugar de la lista por legítimas que sean, y siempre existirá una tentación de exigirles un proceso de Integración, es decir, exclusivamente dirigido desde ellos hacia nosotros. Asumir la condición ciudadana de toda persona que vive y trabaja en una sociedad es el punto de partida necesario para hablar de derechos y obligaciones. Las personas que tienen una experiencia inmigrante y que conviven hoy como vecinos con nosotros, son parte de esta sociedad, la forman y deforman cada día como lo hacemos todos en nuestro devenir vital, y, desde el punto de vista de una gestión pública y política, deben ser considerados como ciudadanos y ciudadanas, con independencia de que en su trayectoria de vida se hayan producido experiencias migrantes o de movilidad.