Servicios públicos y privilegios II: ¡Viva el funcionariado!

Xabi Irastorza, Manu Robles-Arangiz fundazioa (este artículo lo ha publicado en su blog)

Hace casi dos meses, en vísperas de la huelga del 25 de octubre en el sector público, escribí un artículo de opinión sobre la situación y la importancia de los servicios públicos y de las empleadas y empleados públicos. Lo hice preocupado por el ataque que están sufriendo los servicios público y, especialmente, el empleo publico, auspiciado por los poderes económico-financieros, y por la campaña de desprestigio que se está extendiendo en la sociedad (haz click aquí para leer el anterior artículo).

Me sorprendió gratamente el eco y la buena acogida que tuvo el artículo. Animado por la respuesta recibida, me he atrevido a dar otro salto, más difícil, y más arriesgado, diría yo. En vísperas, también, de la huelga del sector público convocada para el 19 de diciembre.

Pretendo defender la condición y necesidad del empleo público y del funcionariado, en particular.

Difícilmente podría imaginar la satisfacción de necesidades y actividades esenciales para la vida y para construcción de una sociedad justa, sin la dedicación y el desempeño de lxs mejores profesionales, o estando los servicios que ofrecen, sus puesto de trabajo o condiciones laborales sometidas a la presión y amenaza de los poderes económicos o supeditadas a la ideología del gobierno de turno o al vaivén de los intereses de los sucesivos partidos políticos.

Alguien puede alegar que en lugar de centrarme en las personas que desempeñan esas funciones, ocupan esos puestos de trabajo o ejercen esas tareas, sería más adecuado hablar de la importancia del servicio o de la función que desempeñan. Pero creo que lo uno no se puede entender sin lo otro. No se puede desempeñar una función o prestar un servicio con transparencia, objetividad, imparcialidad y sin discriminación alguna, sin blindar la naturaleza, el puesto y las condiciones de trabajo de la persona que lo vaya a garantizar.

Por eso necesitamos funcionarixs. El funcionariado no tienen contrato laboral dependiente de un patrón, de un equipo directivo o de un responsable político de la administración pública. Lxs funcionarixs son propietarios de la función que deben ofrecer a la sociedad, son ellos los responsables y garantes de la prestación de dicha función o servicio, sea cual fuere la presión de los poderes económicos, la ideología del gobierno de turno o el interés de los diferentes partidos políticos. El funcionariado no es contratado ni elegido por nadie. Las personas que, atendiendo a los criterios recogidos en la legislación, acreditan públicamente mayor capacidad y mérito para desempeñar una función esencial para el buen funcionamiento de la sociedad y satisfacer las necesidades básicas de la misma, se apropian de la función y son designadas para desempeñarla y garantizar el servicio. Y tienen blindaje necesario para ejercer esta función sin límite de tiempo, salvo sanción disciplinaria, inhabilitación o baja voluntaria, hasta su jubilación.

Antes de terminar el párrafo ya me han llegado las primeras quejas y críticas. Que si muchos partidos políticos incluyen a sus propios miembros o personas de su influencia, que algunas Ofertas de Empleo Público están hechas a la medida de determinadas personas, que muchos responsables políticos de la administración someten a lxs funcionarixs a sus propios intereses, que algunxs funcionarixs se refugian en su "status" relativizando su función y su tarea para no realizar el trabajo que deberían hacer, que las oposiciones son un ejercicio memorístico que a menudo no garantiza la idoneidad de la persona para el desempeño de las funciones y tareas necesarias...

No seré yo quien niegue esta realidad. Entre otras cosas, porque está extendido, incluso entre el propio funcionariado y empleados públicos, que ser funcionario o funcionaria posibilita vivir mejor, garantiza un puesto de trabajo vitalicio, importante salario, jornada laboral asequible y buenas vacaciones.

Lo que afloran estas críticas y la amplia difusión de este pensamiento tiene múltiples causas y no pocos responsables, entre otros quienes no hemos sabido formar suficientemente a lxs trabajadorxs de los servicios públicos y trasladarles la importancia del carácter funcionarial. Pero, ¿no se deberá, especialmente, a la campaña de acoso y derribo contra los servicios públicos y lxs empleadxs públicxs? De hecho, una de las tareas más propias de las administraciones es blindar y garantizar esta función. Cuentan con instrumentos suficientes para formar y capacitar a su personal en la naturaleza de su función, instrumentos para no subcontratar o publificar servicios esenciales, para limitar la temporalidad, mejorar el sistema de oposiciones, adecuar las relaciones de puestos de trabajo y las cargas de trabajo para el buen desempeño de las funciones y tareas, desarrollar una adecuada planificación del trabajo, adoptar medidas correctoras a trabajadorxs que no estén desempeñando adecuadamente su función o, en su caso, imponer sanciones disciplinarias o, incluso, inhabilitaciones. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿No será porque se ha impuesto el marco ideológico auspiciado por el poder económico-financiero y se está desarrollando su estrategia para desmantelar o dejar morir los servicios públicos? ¿También entre los responsables políticos y en los partidos políticos, a menudo con el silencio cómplice de fuerzas de izquierda?

A pesar de que estas críticas puedan tener su fundamento, ¿no iremos a tirar al bebe junto con el agua sucia, verdad? Creo que hay que tomar todas las medidas necesarias para garantizar adecuadamente la función, tenemos la necesidad de reforzar y ampliar el servicio público y los ámbitos y servicios a blindar públicamente, mejorar los procesos de acceso y desempeño de la función... Pero a mí no se me ocurre mejor manera de satisfacer las necesidades básicas y poder hacerlo con igualdad, objetividad, imparcialidad y sin discriminación alguna.

Dejar estas funciones y tareas al albur de los gobiernos de turno o de partidos políticos, delegarles la contratación o despido de las personas que vayan a ejercer estas funciones no me parece mejor idea. Tampoco que la selección de las personas, en lugar de seguir los criterios establecidos por ley, bajo control público de la ciudadanía, ofreciendo igualdad de oportunidades o en función de capacidades y méritos demostrados; se haga en un despacho, a puerta cerrada, firmando un contrato de trabajo bajo criterios subjetivos de personas determinadas, por muy buena voluntad que puedan tener estas personas.

¿O acaso, alguien piensa que es mejor para el conjunto de la ciudadanía, especialmente para quienes tienen más dificultades o peor tienen cubiertas las necesidades básicas, que su médico sea contratado por un seguro privado que tiene como objetivo reducir las bajas? ¿O que el profesor o profesora de sus hijos e hijas sea empleado asalariado de la Fundación FAES de la que Aznar es presidente o del lobby económico FEDEA (o dependiente de las fundaciones Sabino Arana, Iratzar o Manu-Robles-Arangiz)? ¿O que el trabajador o trabajadora que vaya a gestionar sus ayudas sociales o la RGI esté en la nómina de Kutxabank? ¿O que el cuidador o cuidadora de la residencia donde están sus padres sea de Clece (ACS), empresa propiedad de Florentino Pérez o trabajador o trabajadora de alguna otra empresa controlada por un fondo buitre? ¿O que el juez o la juez que le vaya a juzgar sea contratado por un fondo de inversión que construye prisiones?

No en vano, la actual estructura funcionarial y el empleo público, es heredera de las reivindicaciones y luchas de la revolución francesa y de la clase obrera de los siglos XIX y XX. Me parece que nos corresponde dar continuidad, y no limitar o obstaculizar, aquel impulso que guiado por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pretendía poner límite al poder y los intereses ideológicos, morales, económicos y políticos de la monarquía, la iglesia, la aristocracia o la nobleza y a sus arbitrariedades, con el fin de salvaguardar y satisfacer las necesidades básicas de todas las personas y ser tratadas en condiciones de igualdad ante la ley, sin discriminación alguna.

Creo que todo esto nos jugamos en la actual ofensiva contra los servicios públicos y las empleadas y empleados públicos, en el trasfondo de la campaña que se ha construido para desmantelar los servicios públicos y desprestigiar al funcionariado. De ahí la importancia de la publificación de los servicios y del personal subcontratado por las administraciones públicas o de la consolidación y funcionarización del personal que durante años viene trabajando en condiciones de temporalidad y precariedad.

Vuelvo a escuchar críticas antes de finalizar la frase: "no procede la funcionarización de este personal sin pasar el riguroso examen de oposición que se exige a todo funcionario o funcionaria". ¿No es esto también consecuencia de la dejadez de los responsables políticos de las administraciones durante largos años? Durante décadas más de la mitad de la plantilla ha estado y sigue estando subcontratada o en situación de temporalidad. Durante todos estos años la administración se ha beneficiado de ellxs de forma "irregular" para la prestación de servicios esenciales. En general, estxs trabajadorxs han desempeñado correctamente sus funciones y tareas, de lo contrario hubieran sido expulsadxs. Si no han desempeñado bien sus funciones y lxs han mantenido en sus puestos, mayor negligencia, si cabe, de los responsables políticos que lo han permitido. ¿Y ahora, después de 5, 10, 15 o 20 años, deben ser estxs trabajadorxs quienes deben pagar la dejadez y las irregularidades de sus responsables políticos?

Subsanar la actual desidia e irregularidades es necesario, pero no suficiente. Una vez dados los pasos necesarios para reconducir la situación, se deben adoptar las medidas necesarias para que estas subcontrataciones o temporalidades inaceptables no vuelvan a repetirse y que las funciones y tareas esenciales para la vida y para la sociedad estén públicamente garantizadas y blindadas.

No he oído más quejas, pero hay algo que me preocupa profundamente. Que nuestro sistema administrativo y la estructura funcionarial es muy dependiente de los estados español y francés, y, por ende, muchas decisiones, así como numerosas exigencias y procesos para ser funcionario o funcionaria, no están en manos de la ciudadanía vasca. O que los responsables políticos de nuestras administraciones y los partidos políticos de nuestro país apenas luchan por muchas decisiones que pueden estar en nuestras manos. También en el sector público necesitamos soberanía plena, independencia, Estado. En ese camino, me parece que deberíamos tratar de hacernos con el máximo de competencias y construir mayores cotas de soberanía organizando y garantizando esas atribuciones al servicio de nuestros intereses y necesidades.

También me preocupa mucho ver quién hace muchas de las leyes y normas que las funcionarias y funcionarios y empleadxs públicxs deben cumplir y hacer cumplir, o quienes presionan, condicionan, incluso “compran” su elaboración y aprobación. Me resulta alarmante la capacidad de la élite política y económica para condicionar la propia democracia, para vaciarla, incluso, ponerla a su servicio. Pero no vayamos a culpar de ello, también, a las funcionarias y funcionarios. Esto forma parte de la lucha por la democracia, por la mayoría de la ciudadanía y de las clases populares que nos corresponde hacer a la clase trabajadora y a cada una de nosotras y nosotros.

Por eso es importante la huelga del sector público del 19 de diciembre. No sólo para las empleadas y empleados públicos, sino para el conjunto de la sociedad. Gracias nuevamente a todas las personas que estáis liderando esa lucha y vais a hacer posible la huelga.