La verdad de la deuda pública: no debemos, no pagamos
Janire Landaluze, Gabinete de Estudios de ELA (artículo publicado en Landeia 193)
En la CAPV, en 2009 se destinaron 83,6 millones al pago de la deuda pública, y en 2014, serán 792 millones, esto es, 9 veces más. En Navarra, de 35,1 millones en 2009 se pasa a 408,09 millones en 2014, multiplicándose la cantidad por 11,6. ¿Pero sabemos qué pagamos en concepto de deuda pública? ¿la deuda pública cumple su fin? o ¿se utiliza, también, para pagar otro tipo de deudas?
Cuestión de legitimidad
En cuanto oímos la palabra deuda la asociamos con la obligación de devolver algo. Si debemos, tenemos que pagar, pensamos; es nuestra obligación moral. Esta concepción deja de lado la perspectiva política del endeudamiento, es decir, la pregunta fundamental sobre la legitimidad de la deuda.
¿hay que seguir pagando en concepto de deuda pública lo inyectado a la banca más sus intereses?
La gobernantes, en sus políticas, dan prioridad al pago de una deuda pública que tiene mucho de carácter privado y convierten en acreedora a la población, a los sectores sociales más castigados (personas en paro, pensionistas, mujeres, inmigrantes,...) que, a su vez, sufren el recorte de las prestaciones sociales. Este sistema ha obligado a pagar precios demasiado elevados sobre productos y servicios básicos, a sufrir la insuficiencia y el recorte en servicios públicos y a explotar, ilimitadamente, riquezas naturales, causando daños ambientales, ecológicos y sociales que serán irreparables en un futuro. Todo con un beneficiario, el capital.
La deuda pública debería ser un instrumento de financiación de intereses colectivos y no, como se viene haciendo, un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia el sector financiero privado. De ahí que para entender este entramado sea fundamental saber quién ha contraído la deuda, con quién, para qué y en qué condiciones.
Porque... ¿hay que seguir pagando en concepto de deuda pública lo inyectado a la banca más sus intereses? ¿Y lo gastado en financiar grandes infraestructuras impuestas sin debate social? ¿Y lo generado como consecuencia de una política fiscal que favorece a las rentas altas y al capital?
La deuda refleja, en definitiva, una realidad social y económica. El aumento del gasto destinado al pago de deuda pública está provocando que el gasto social sea menor. Se trata de una opción política que genera más paro, pobreza, desprotección social, desencanto y crispación social.
Es necesario y urgente introducir este tema en nuestra agenda. El actual sistema de gestión de la deuda, entre otros, no ha hecho más que agravar las injusticias económicas, sociales y medioambientales, y ha quebrado el estado de bienestar.
La deuda pública debería ser un instrumento de financiación de intereses colectivos y no, como se viene haciendo, un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia el sector financiero privado
Debemos iniciar el camino. Exigir a las intituciones (y al sector financiero) total transparencia, toda la información relacionada con la naturaleza y origen de las deudas de carácter público; poner en marcha auditorías ciudadanas públicas, tanto a los gobiernos como a los intereses financieros, que concluyan si las deudas contraídas son legales y legítimas o no, para determinar su pago, impago, renegociación o moratoria.
Todo ello debe llevarse a cabo sumando, tratando de mejorar nuestra correlación de fuerzas, dando mucha importancia a la socialización y con una participación social amplia y plural.
SABEMOS QUE PODEMOS.
SI NO DEBEMOS NO PAGAMOS.
AUDITORIA CUuDADANA DE LA DEUDA YA!!!