El lenguaje como herramienta punitiva
Jesús Rodríguez Sellés, redactor de La Directa
Epílogo del libro "La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta", Jaume Asens y Gerardo Pisarello, Ed.Catarata, 2014
Tenemos el libro en la biblioteca. Si lo quieres pincha aquí
En el presente libro se nos muestra cómo a lo largo de los últimos años se ha impuesto una doctrina del control social que recorta derechos fundamentales y coarta la libertad de expresión. Nada de ello sería posible sin la ayuda de un lenguaje que estigmatiza y crea enemigos públicos encarnados en aquellos que luchan por la transformación social. Ese mismo lenguaje se utiliza para teñir de valores positivos la actuación punitiva de los poderes públicos. Aseguran hacerlo para garantizar las “libertades”. Palmaria contradicción: recortar las libertades para garantizar las libertades.
La adjudicación de derechos y libertades es inversamente proporcional a la distancia kilométrica a la que se encuentren el presidente de turno y la población civil a la que se esté haciendo referencia
A su vez, una legislación restrictiva o una lucha social es definida por los grandes medios de comunicación de una u otra forma según se dé dentro o fuera de las fronteras del Estado español. “El pueblo merece vivir en libertad. Ningún español que aprecie la libertad puede permanecer impasible ante estas violentas violaciones de los derechos humanos.” Palabras de José María Aznar el 24 de marzo de 2010 en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Washington. “Hablo de libertad, de igualdad de derechos, en especial el que corresponde a todo ser humano para intervenir en las decisiones sobre su propio futuro, sin que se las arrebate por la fuerza ningún sátrapa iluminado.” Declaraciones de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados el 22 de marzo de 2011. De entrada, estas citas pueden sorprender, pero hay que aclarar que en el primer caso Aznar se está refiriendo al pueblo cubano y, en el segundo, Rajoy habla de los “seres humanos” de Libia. Y es que en los últimos años parece haberse instaurado la regla de tres según la cual la adjudicación de derechos y libertades es inversamente proporcional a la distancia kilométrica a la que se encuentren el presidente de turno y la población civil a la que se esté haciendo referencia. Nadie parece acordarse de aquello que se aprobó hace unas décadas: la Carta Universal de los Derechos Humanos, ratificada por España y de obligado cumplimiento dentro de sus fronteras.
“Si no estamos prevenidos ante los medios de comunicación, nos harán amar al opresor y odiar al oprimido”
Siguiendo la misma pauta, el lenguaje de la casta política y de las corporaciones que comercian con la información roza la perversión. Cuanto más lejos está el conflicto más “revolucionarios” y “luchadores por las libertades” son los protagonistas de las revueltas contra gobiernos autoritarios. Pero cuando el conflicto está en casa, se impone el calificativo de “vándalos”, “antisistema” o, si es necesario, “terroristas”, siempre en pro de la salvaguarda de una sacrosanta e inamovible “legalidad vigente”. En resumidas cuentas, aquí las cosas son como son y déjense de democracia y derechos humanos. Lo que importa de verdad es el peso de la ley. Pero no solo la distancia modifica el lenguaje, también el tiempo. El Arafat o el Mandela incluidos en las listas de terroristas más peligrosos del planeta pasaron a ser los grandes tótems del pacifismo homenajeados por la Casa Blanca o Downing Street~. Tiempo al tiempo. A algunos les gustaría que las hemerotecas fueran barridas de nuestra memoria, pero son necesarias para recordar aquel 3 de noviembre de 1998, cuando José MaríaAznar se refirió a ETA como “el entorno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco”.
Las palabras no son neutras ni inofensivas, buscan resultados y consiguen algunos de sus objetivos. La permanente vinculación de la palabra “okupa” —en una estrategia más que planificada por los poderes públicos— con valores como el caos, la suciedad, el incivismo o el terrorismo, consiguió que a finales de los años noventa —según diversas encuestas realizadas por el Ayuntamiento de Barcelona—un 70 por ciento de la población estuviera a favor de okupar viviendas abandonadas para darles un uso social, al tiempo que —paradójicamente— estaba en contra del movimiento okupa. Esta misma contradicción se da a menudo en el debate sobre los “problemas” relacionados con la inmigración: “Yo no soy racista, pero.... Un mecanismo que popularmente se conoce como “comida de tarro” y que resumió muy bien Malcolm X —Malcolm Little Norton, defensor de los derechos de los afroamericanos— en esta frase: “Si no estamos prevenidos ante los medios de comunicación, nos harán amar al opresor y odiar al oprimido”.
El retroceso de los derechos de la ciudadanía está íntimamente ligado al lenguaje del conflicto, a las palabras del escenario de la batalla por la transformación social; cada victoria que el poder consiga en el campo de los significados será un pasito más para la aprobación de una nueva ley que acote las libertades; una media vuelta de tuerca más. Por el contrario, los nuevos significados, los nuevos caminos de identificación colectiva en lo común serán una nueva ventana abierta que tardarán un tiempo en volver a cerrar. Tenemos dos opciones:.o utilizamos las palabras con sus significados no contaminados y articulamos nuestros medios y redes donde usarlos o repensamos el lenguaje para recodificar la lucha a medida que nos lo arrebatan y estigmatizan. No es una memez: las palabras configuran nuestro pensamiento y sin pensar se nos hace difícil actuar. Aunque haya excepciones. Más allá del debate y las estrategias sobre lo conceptual, podríamos empezar por renunciar a las repúblicas del 99%. En sociedades donde el capitalismo ha recuperado formas y procedimientos del feudalismo, tendríamos que leer el problema de la justicia social con un mayor grado de complejidad. No solo son unos pocos miles de políticos y empresarios de la casta dominante —a los que denominamos chorizos— los responsables de la situación. Hay un amplio espectro de nuestra sociedad que está impregnado culturalmente de ello. Nos tendría que generar una mayor preocupación los 80.000 suscriptores de La Vanguardia que los 35 empresarios que lideran el IBEX de la Bolsa española. Es ahí donde se encuentra el verdadero Código Penal: en cada uno de los que lo legitiman y lo avalan; esa minoría silenciosa —pero más masiva de lo que pensamos— que aplaude las ordenanzas del civismo, la mano dura de la policía contra los manifestantes y las políticas conservadoras en lo social y lo moral.