Vuelven «sus» políticas
Oscar García Jurado, Talaios Kooperatiba (artículo publicado en el blog Espárragos y tagarninas)
Sobre el neoliberalismo realmente existente
El neoliberalismo ha establecido un corsé perfectamente hilvanado para imposibilitar la puesta en marcha de otros escenarios diferentes a los deseados por el capital. El origen del movimiento intelectual del neoliberalismo, para autores como Q. Slobodian, se encuentra en el fin de la era de los imperios europeos. En este momento, un grupo de personas traumatizados tras la primera guerra mundial por la desaparición del Imperio austrohúngaro, se ponen a trabajar para que las instituciones de las nuevas democracias no tengan a su alcance la posibilidad de poner en cuestión la economía capitalista. El neoliberalismo surge, por tanto, como respuesta a la cuestión de cómo proteger el capitalismo de la democracia y la fragmentación.
El capitalismo neoliberal tiene por objetivo rediseñar el Estado para proteger al capitalismo. El ordoliberalismo alemán, una escuela neoliberal, reivindica desde la década de 1930 un Estado fuerte con una economía de mercado. Milton Friedman no dudó en apoyar el golpe de estado de Pinochet en Chile. Para el neoliberalismo, por tanto, la cuestión no es si debe haber más o menos Estado sino qué tipo de Estado. En este sentido, apuesta por un Estado que ejerza el poder de manera intensiva y no extensiva.
El derecho se convierte en un instrumento esencial para la política económica neoliberal. En la medida de lo posible intentan normativizar a nivel constitucional las prácticas y los límites del sistema político democrático. El sistema normativo neoliberal establece límites de hasta dónde puede llegar una democracia e impide a gobiernos y parlamentos democráticamente elegidos cualquier atisbo de cambio que pueda afectar a la economía capitalista en sus principios básicos.
El neoliberalismo aboga por la creación de instituciones supranacionales que sirvan para vincular y limitar las políticas estatales. Estas instituciones se convierten en fuerzas de control que impiden a los Estados la desviación de las reglas preestablecidas y, en su caso, en fuerzas que obligan a rectificar ante decisiones que no vayan a favor de los intereses del capital. Es decir, buscan la construcción de un orden institucional global para proteger el capitalismo.
La Unión Europea y las reglas fiscales neoliberales
La Unión Europea supone quizás el principal ejemplo de todo lo dicho hasta ahora. Después de cuatro años con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en suspenso por la crisis provocada por el COVID-19, la Comisión Europea ha decidido volver a sus políticas el año 2024. Es decir, tras cuatro años en los que los países han aumentado el gasto público sin reparar en el endeudamiento, los presupuestos de las distintas administraciones públicas en 2024 tendrán que volver al rígido marco económico de reducción de deuda. Vuelta a las políticas de gasto público restrictivo y de priorizar la reducción del déficit y la deuda pública por delante de unos servicios públicos y unas prestaciones sociales de calidad.
Las medidas de austeridad de la Unión Europea para hacer frente a la crisis del 2008, políticas que aún estamos sufriendo, tuvieron como piedra angular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las instituciones de la UE han sido conscientes de que estas políticas han sido un fracaso y que el proyecto europeo corría peligro. Por esta razón, la forma de abordar la crisis del COVID-19 fue diferente. Ejemplo de ello fueron la suspensión del PEC hasta 2023, los fondos europeos Next Generation EU (NGEU) o el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que se articula con medidas como la Directiva de Salarios Mínimos.
Sin embargo, este giro no supone un cambio estructural de las políticas de la Unión. Si bien es cierto que la suspensión del PEC ha permitido un aumento del gasto público, las condicionalidades macroeconómicas y la disciplina fiscal siempre han estado resonando. Un claro ejemplo es el de los fondos NGEU. Estos fondos estaban condicionados a reformas estructurales que, en base a una intervención de las políticas de los distintos gobiernos por parte de la Comisión Europea, iban a suponer un recorte de derechos sociales y laborales. Y lo podemos ver con la reforma laboral y la reciente reforma de pensiones.
La propuesta de la Comisión para la renovación del marco de gobernanza económico es otro ejemplo de la mutación de la UE para que su proyecto sea viable. En noviembre de 2022 la Comisión Europea presentó la Comunicación sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE, cuyos detalles finales se concretaron el pasado 26 de abril. Se trata de una propuesta que no rompe con el marco del Tratado de Maastricht, que mantiene la disciplina fiscal y que va a transformar la flexibilidad en un mayor control de las instituciones europeas.
En esta propuesta se mantienen las referencias del 3% de déficit y 60% de deuda sobre PIB, a pesar de que muchos países lleven más de una década sin poder estar por debajo de ellas. Sin embargo, la nueva propuesta se centrará principalmente en el control del déficit año a año (que los Estados tengan un déficit por debajo del 3%), mientras que la referencia de la deuda será más relevante en el medio plazo.
Los planes fiscales y estructurales nacionales en un plazo de cuatro años son la principal novedad. Estos planes tienen como objetivo disminuir la deuda pública y que el déficit presupuestario se mantenga por debajo del 3%. Para ello, los Estados deberán presentar planes a medio plazo, teniendo en cuenta las Recomendaciones Específicas por País dentro del marco del Semestre Europeo, tal y como ha ocurrido con los fondos NGEU. Se trata un mecanismo de intervención y control de las políticas presupuestarias de los gobiernos.
El nuevo enfoque a la carta permitiría distinguir entre Estados según su deuda pública. La propuesta clasifica en tres grupos a los países: con deuda baja a los que tienen un ratio inferior al 60%, moderada a los que se encuentran entre el 60% y el 90% y muy elevada a los que se sitúan por encima del 90%. El mayor margen de maniobra de los Estados contará, sin embargo, con un mayor seguimiento por parte de las instituciones europeas. A los países que no cumplan con los objetivos de déficit menores del 3%, se les podrá aplicar sanciones y el Procedimiento de Déficit Excesivo, tal y como se aplicaba hasta ahora. Es decir, se propondrán nuevas medidas de ajuste para poder alcanzar dicho objetivo.
El nuevo marco de gobernanza pretende que los planes aseguren ciertas inversiones en materias que son prioritarias para la UE, como es la transición ecológica, digital y el gasto en defensa. Sí, han oído bien, el gasto en defensa es prioritario. Además, cada vez va quedando más claro que el discurso europeo sobre la transición ecológica y digital, muy presente en los Fondos Europeos, no es más que un lavado de cara de las políticas para justificar un gran trasvase de renta a las empresas transnacionales y sus proyectos.
El déficit no es más que una resta entre el ingreso y el gasto público. Sin embargo, en ningún momento se habla de los ingresos, ni de una posible reforma fiscal que permita garantizar un nivel de gasto público adecuado. Todo esto provocará que la única vía de ajuste posible para cumplir con los objetivos de déficit sea la disminución del gasto social, por lo que, una vez más, los servicios públicos y las prestaciones sociales serán las grandes perjudicadas a partir de 2024.
Consecuencias para Andalucía
Después de 4 años sin reglas fiscales, los países han elevado el ratio de deuda pública, por lo que muchos tendrán que elaborar planes nacionales a partir del año 2024, especialmente los que tienen un ratio mayor al 90% del PIB. El Estado español, con un ratio del 113,2% es uno de los países con una mayor deuda pública y que tendrá que presentar un plan fiscal. Además, según el Ministerio de Hacienda, cerró 2022 con un déficit público del 4,8%, muy por encima del 3% que establece el PEC. Por tanto, el Estado español tendrá que reducir su deuda pública, por lo que a partir de 2024 se comenzarán a aplicar políticas de austeridad y de recortes en los ya mermados servicios públicos.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como la poca voluntad política del Gobierno Andaluz, han provocado una limitación en los presupuestos durante los años posteriores a la crisis de 2008. No hay que olvidar que las políticas de austeridad impuestas por Bruselas obligaron a modificar el artículo 135 de la supuestamente inalterable Constitución española para priorizar el pago de la deuda sobre todo lo demás. Y este cambio provocó que se estableciera una regla de gasto en las políticas presupuestarias, que han afectado a todas las instituciones, también a las de Andalucía. Es decir, se establecía un tope al aumento del gasto, por lo que no se podía gastar más dinero del establecido incluso cuando los ingresos han sido mayores de los esperados. Ahora se propone prácticamente lo mismo.
El plan nacional de disminución de deuda español significará la limitación del gasto en los presupuestos de los próximos años, lo que provocara que ocurra lo mismo en los presupuestos andaluces. Nos encontramos en una coyuntura en la que los servicios públicos (salud, educación, vivienda,…) y las prestaciones sociales se han visto erosionados. A partir de 2024, veremos como los presupuestos andaluces son limitados de nuevo con la regla de gasto, con consecuencias nefastas para nuestros servicios públicos y prestaciones sociales.