Su deuda, nuestra pobreza
Albert Sales e Inés Marco, http://albertsales.wordpress.com
El INE demostraba no estar habituado a interpretar datos en un contexto de no crecimiento. El umbral de riesgo de pobreza es un cifra relativa que cambia en función de los ingresos medios de la población. Se fija en el 60% de la mediana de ingresos de todos los hogares. Teniendo en cuenta la caída de los ingresos medios de los hogares españoles, es un umbral en descenso desde 2009. Un pensionista que en 2011 tenía unos ingresos de 7.500 euros anuales, se situaba por debajo del umbral de pobreza. En 2012, a pesar de no haber aumentado su renta, el mismo pensionista ya no se situaba por debajo de dicho umbral gracias al descenso de los ingresos del resto de la población. Cada vez hay que ser más pobre para ser considerado pobre en España.
En 2012, a pesar de no haber aumentado su renta, el mismo pensionista ya no se situaba por debajo de dicho umbral gracias al descenso de los ingresos del resto de la población. Cada vez hay que ser más pobre para ser considerado pobre en España.
En términos absolutos, el descenso de la renta de los hogares es imparable desde 2008. De los 26.500 euros en ese año a los 24.609 euros anuales en 2011, los ingresos de las familias han caído a causa de la destrucción masiva de puestos de trabajo y a la reducción de las transferencias públicas.
Las medidas de austeridad han distribuido el impacto de la crisis cebándose en la población más vulnerable e imponiendo políticas antisociales que empeoran el ya triste panorama de la protección social en en el Estado español. La imposibilidad de acceder a un trabajo remunerado para ciertos sectores de población les arroja irremediablemente a una situación de pobreza permanente. En los primeros compases de la recesión han sido jóvenes, mujeres de mediana edad y trabajadores y trabajadoras inmigrantes, los que han recibido el mazazo del desempleo. Precisamente las personas con menores cotizaciones a la seguridad social y una protección social más débil. Este hecho, unido a los sendos recortes en todo tipo de programas sociales y sanitarios, ha disparado el riesgo de pobreza entre las familias con personas dependientes, así como la vulnerabilidad de la infancia y de las personas ancianas.
Quién no asume la precariedad de los minijobs y otras opciones laborales de precariedad laboral y vital no tiene derecho a la asistencia.
La reforma laboral, un pilar básico del austericidio que vivimos, ha acelerado la destrucción de los empleos que podríamos considerar “de calidad”. En anteriores crisis, el mercado laboral español se había mostrado altamente dualizado. La destrucción de empleos afectaba, sobretodo, a los jóvenes y a las mujeres, mientras los hombres de mediana edad mantenían sus puestos de trabajo o recibían propuestas de pre-jubilación que les permitían seguir siendo los “sustentadores principales” del hogar. Se trataba de un sistema altamente desigual desde la perspectiva generacional y de género aunque frenaba la caída en la pobreza de muchos hogares. El estrepitoso fracaso del modelo económico español, la profundidad de la recesión que sufrimos, y las reformas de la legislación laboral, hacen que la situación actual sea tristemente novedosa. En el primer trimestre de 2013, se calcula que son 1,9 millones las familias en las que ninguna persona en edad de trabajar tiene un empleo, y son 2 millones de paradas las que no reciben ningún tipo de prestación. Además, cada vez son más las personas que, a pesar de tener un empleo, se encuentran en la pobreza. El 12% de la población ocupada vive en hogares bajo el umbral de la pobreza.
El futuro que las élites internacionales y nacionales plantean para la sociedad española se fundamenta en la polarización social y un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población
A los problemas del desempleo, o del empleo precario, se suman las cargas que muchas familias tienen que hacer frente, entre las que destacan las deudas hipotecarias. Los deshaucios se han convertido en una muestra de la magnitud del problema. Pero la mayor parte de las situaciones de empobrecimiento se viven en el interior de los hogares y son invisibles para el resto de la sociedad. Un 14% de las familias llega a fin de mes con extrema dificultad, un 20% con dificultad y un 29% con cierta dificultad. Un 40% de las familias en del estado español declaran no disponer de efectivo para hacer frente a gastos imprevistos como la avería de un electrodoméstico.
El informe sobre España lanzado por el Fondo Monetario Internacional en agosto de 2013 no deja lugar a dudas. El futuro que las élites internacionales y nacionales plantean para la sociedad española se fundamenta en la polarización social y un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. El FMI afirma en su documento que los salarios aún deben rebajarse un 10% más, los gastos en sanidad y educación deben reducirse, hay que aumentar la recaudación de impuestos como el IVA, y hay que adelgazar la administración pública en todos sus niveles. En el mejor de los casos, estas medidas permitirían, según el FMI, frenar el aumento del desempleo y dejar la tasa de paro en un desesperante 20%.
La utilización de los débiles subsidios públicos por parte de los hogares socialmente más vulnerables está continuamente bajo sospecha.
En paralelo al austericidio, oímos a diario el bochornoso discurso oficial que pretende convertir la lucha contra la pobreza en una suerte de actividad voluntariosa en la que todos los actores sociales deben ponerse de acuerdo. El programa neoliberal de destrucción del Estado del Bienestar convive con actividades caritativas de todo tipo y con una narrativa cada vez más peligrosa de estigmatización y culpabilización de las personas en situación de pobreza. Se asume el empobrecimiento de las clases medias como si fuera el resultado de una catástrofe natural de la que nadie tiene culpa, mientras se atribuye la alta vulnerabilidad de las clases trabajadoras a problemas derivados de sus malos hábitos, sus vicios y su falta de cultura del esfuerzo.
El desmantelamiento del precario Estado del Bienestar español, del wellfare, se produce en paralelo a la imposición del workfare. Para los voceros del neoliberalismo, las personas desempleadas carecen de incentivos para buscar un nuevo trabajo a causa de la supuesta bondad de los subsidios. Joan Rosell, presidente de la patronal CEOE, se ha pronunciado en este sentido en repetidas ocasiones, afirmando sin ningún pudor que las personas sin empleo esperan hasta el agotamiento del subsidio para volver a “trabajar”.
La utilización de los débiles subsidios públicos por parte de los hogares socialmente más vulnerables está continuamente bajo sospecha. En un contexto de recortes, se transmite a la ciudadanía que existe una competencia constante por los escasos recursos públicos y que éstos deben ser utilizados para socorrer a las personas que quieran trabajar sometiendo así a los “pobres oficiales”, los que usuarios y usuarias de los servicios sociales a un constante escrutinio y vigilancia que asegure que no cesarán en su empeño de lograr la “inserción laboral”.
No se trata solo de reducir el estado a su mínima expresión. La crisis ha servido para consolidar la transición al workfare ya iniciada en los 90. Quién no asume la precariedad de los minijobs y otras opciones laborales de precariedad laboral y vital no tiene derecho a la asistencia.