Precariedad: causa de los accidentes de trabajo mortales
Del Boletín nº 13 del área de Salud Laboral de ELA
Sin embargo, mas allá de la causa del accidente concreto (caídas, atrapamientos, etc.), se obvian interesadamente los análisis de las causas estructurales y reales de la siniestralidad. Y se obvian porque abordarlos significa confrontar con aquellos que potencian estas causas.
De las seis personas fallecidas en septiembre, dos no tenían contrato laboral, eran autónomas, y fallecieron en la tala de arboles. Otros dos fallecidos pertenecían a subcontratas de obras públicas, y una de ellas trabajaba en otro centro de trabajo.
Si consideramos la precariedad laboral como la situación de inseguridad y de falta de garantías en las condiciones de trabajo que padecen los trabajadores y trabajadoras, no nos faltan razones para exigir a las Administraciones una actuación decidida a impulsar un mayor control y una mejora de estas condiciones laborales. La desregulación del mercado laboral o la temporalidad de los contratos, (aunque con las distintas reformas todos los contratos se podrían considerar como temporales), se traducen en inseguridad económica, esto es: una baja retribución salarial que, en sectores como la construcción, puede derivar en tener que trabajar jornadas muy superiores a las legales para poder conseguir un salario más o menos digno. El alargamiento de la vida laboral o la falta de inversión por parte de las empresas en el mantenimiento de las estructuras y equipos de trabajo, son elementos estructurales de precariedad que obligan a las personas trabajadoras a realizar sus tareas en muchas ocasiones aún a riesgo de su propia vida.
Desgraciadamente, los últimos accidentes mortales certifican esta situación. De las seis personas fallecidas en septiembre, dos no tenían contrato laboral, eran autónomas, y fallecieron en la tala de arboles. Otros dos fallecidos pertenecían a subcontratas de obras públicas, y una de ellas trabajaba en otro centro de trabajo. Los accidentes ocurridos en la obra pública son especialmente graves, ya que en estos casos es la Administración Pública la responsable de estos tajos y es de sobra conocido que en las licitaciones se están tirando los precios a la baja, lo que invita a las empresas a incumplir los convenios y la normativa de prevención de riesgos laborales.
Tanto Osalan como el resto de las Administraciones son conocedoras de la realidad en las empresas y sectores. Quizá los datos de siniestralidad sean más bajos desde el comienzo de la crisis, pero lo que es evidente es que muchos accidentes se deben en gran parte a la falta de denuncias en las condiciones que provocan los accidentes y enfermedades laborales, por miedo a perder el puesto de trabajo y quedar excluidos del mercado laboral.
Si se quiere combatir de verdad la siniestralidad, se debe respetar el derecho de los trabajadores y trabajadoras a disponer de unas condiciones de trabajo dignas, tanto en salarios como en jornadas y en ritmos de trabajo. Se debe eliminar la subcontratación especulativa, en definitiva, hay que “humanizar” las condiciones de trabajo, sin olvidarnos de incidir en otros aspectos. Hay que pasar de la prevención en papel y del análisis de las estadísticas, a las actuaciones en los centros de trabajo.
El diagnóstico es claro y debería servir para que quienes tienen herramientas pongan en marcha actuaciones para controlar y mejorar las condiciones laborales para en definitiva, garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Potenciar reformas y recortes en detrimento de lo anterior, es jugar a la “ruleta rusa” de la siniestralidad.