Una propuesta de hoja de ruta para la transición ecosocial de la economía de Hego Euskal Herria
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Una conclusión inicial y fundamental de este estudio es que el metabolismo de la economía de Hego Euskal Herria está herido de muerte. No es solo que sea insostenible por los fuertes impactos ecológicos que genera, que también, sino que es imposible su mantenimiento en el futuro próximo. Esto se debe a que se articula alrededor de un metabolismo lineal fósil y extractivista, altamente dependiente del transporte y del mercado global. Los picos del petróleo y de muchos elementos, unidos a la necesidad de conseguir estas y otras mercancías en lugares lejanos cada vez más inestables, hacen que este modelo no tenga futuro. Paradójicamente, los elementos que hicieron a la CAPV, y en gran medida también a Nafarroa, un espacio de éxito en la competitividad capitalista global en el pasado, articulados alrededor de su potente tejido industrial (alimentario y del metal), la convierten ahora en un espacio especialmente frágil y vulnerable.
No hay salida dentro del marco capitalista al hecho incuestionable de que las energías y materiales no renovables tienen ya fecha de caducidad. Como hemos discutido, las energías renovables hipertecnológicas no pueden sustituir a los fósiles y este sistema socioeconómico no puede ser circular.
A esto se suma la ecodependencia de nuestras sociedades, y por tanto de nuestras economías, que explica la ya profunda distorsión que están generando las emergencias climática y ecosistémica en curso (pandemia, fenómenos meteorológicos extremos, etc.). Esta tendencia irá al alza en los años venideros. Ante esto, planteamos una serie de líneas maestras de transformación del metabolismo vasco en clave decrecentista:
• Contracción del consumo material y energético hasta introducirlo dentro de los límites ecológicos con criterios de justicia global. Esto tiene implicaciones en distintos sectores productivos. Uno de ellos es el del la construcción, que solo se puede reconvertir parcialmente hacia la rehabilitación, ya que debe disminuir en actividad en términos totales. Otros claros son el transporte y el turismo.
• Articulación de una economía circular. Esta economía pasa por la integración del metabolismo
humano dentro del ecosistémico. Un metabolismo de este tipo no puede ser industrial, sino que tiene que ser agroecológico. Es decir, una economía que gire en gran parte alrededor del sector alimentario, que pasaría a ser un sector tractor determinante. Esto implica iniciar una compleja pero urgente transición hacia una sociedad mayoritariamente rural, que debe entenderse en cualquier caso como un proceso.
• La energía que permita cerrar los ciclos (o aproximarse al máximo a esto) debe ser la energía solar en sus múltiples modalidades. Para aprovecharla hacen falta tecnologías realmente renovables y emancipadoras (R3E). Este sector, el energético, debe reconfigurarse profundamente en la economía de Hego Euskal Herria, desmontando los actuales ologipolios energéticos.
• Una economía circular y solar solo puede ser local. Por ello, una hipomovilidad es una característica de las economías a construir. Esto implica una contracción del sector transporte y del turismo, ambos determinantes en la economía actual de Hego Euskal Herria. Además, una economía local requiere una revitalización industrial para tener un tejido productivo diversificado. Eso sí, una revitalización basada en materiales y energías renovables y no orientada a la exportación, además de desligada de las dinámicas capitalistas de producción de beneficio.
• Frente a la degradación ecosistémica es imprescindible una restauración de sus funciones, pues dependemos de ellas. Este es otro sector tractor de la nueva economía vasca, en el que la silvicultura podría desempeñar un papel central, no solo por su capacidad restaurativa de los ecosistemas, sino también como fuente de recursos de distinto tipo.
• Reconfigurar la economía hacia economías de subsistencia, aquellas que sitúan en el centro los cuidados y el sostenimiento de la vida y reparto de los trabajos de cuidados, altamente feminizados.
Poner en marcha este proyecto de decrecimiento, como resulta evidente, es tremendamente complicado. Para articular las transformaciones con el mínimo sufrimiento social y, al tiempo, abriendo el camino a sociedades justas, democráticas y sostenibles hay varias opciones estratégicas.
Una primera y nodal es construir autonomía social. Esta autonomía requiere que la población sea capaz de satisfacer progresivamente en las próximas décadas sus necesidades sin pasar por el mercado ni depender del estado. Es decir, avanzar en la desalarización y la desmercantilización, como ya hemos argumentando en el trabajo, a la par que reconstruir la posibilidad de sostener colectivamente las vidas en organizaciones económicas volcadas en la subsistencia.
La lucha por buenos sueldos y condiciones de empleo, o un funcionamiento más democrático de la sociedad son prácticas necesarias, pero insuficientes para configurar alternativas si no superan el marco capitalista. En conclusión, es imprescindible avanzar en: 1) control social de los medios de producción y 2) sustraer del mercado cada vez más actividades. Solo a partir de estas dos líneas podremos avanzar consecuentemente en la construcción de autonomía social, en capacidad de decisión y control democrático de los procesos básicos de la vida social.
En lo que concierne al acceso a los medios de producción es determinante el control del conocimiento tecnológico. Solo así podrán ser tecnologías características de sociedades realmente democráticas y justas. Esto implica tecnologías sencillas y de cercanía (fabricadas con materiales y energías de proximidad). Desde este punto de vista, la producción descentralizada, que implica instalaciones más pequeñas y próximas al lugar en el que se consume, permite a la ciudadanía tener más posibilidades de controlar de forma democrática los recursos.
Pero obviamente no solo hace falta un control del conocimiento, sino también de la tierra, las máquinas y las infraestructuras. Esto significa expropiaciones y reapropiaciones a los grandes patrimonios.En lo referente a la desmercantilización, la transformación consiste en avanzar hacia trabajos comunitarios no mediados por un salario que permitan satisfacer parte de las necesidades. Por ejemplo, huertos de autoconsumo, paneles para agua caliente sanitaria o viviendas en derecho de uso con acceso no determinado por una aportación económica.
Sin embargo, este horizonte tiene que conjugarse con las necesidades actuales de una población altamente salarizada, atravesada por fuertes desigualdades y que sufre la erosión de los servicios públicos. Además, distintos estudios muestran como un avance hacia una economía sostenible, por lo menos a corto plazo implica una reducción de las horas de trabajo asalariado (González Reyes y col., 2019; Oteros y col., 2022). Por ello, se ha ido desarrollando una línea de trabajo que plantea la importancia de reducir la jornada laboral para acometer los desafíos ecológicos futuros de manera socialmente justa. La reducción de la jornada laboral no de debe entender como una media que en sí misma permita limitar los impactos ecológicos de la economía, pues como poco los resultados son contradictorios (Kallis y col., 2013; Shao y Rodríguez-Labajos, 2016), sino como una política de justicia social que acompañe a la reestructuración y reducción de la economía. Son medidas que los modelos muestran como potencialmente exitosas, ya que reducciones de la jornada laboral a 30 o 32 horas generarían importantes creaciones de empleo nuevo al tiempo que se avanzaría con decisión hacia una transición ecosocial (González Reyes y col., 2019; Oteros y col., 2022). Dicho de otra forma, la reconversión debe llevarse a cabo con las máximas garantías laborales. Es decir, la transición hacia el decrecimiento no se puede convertir en una excusa para rebajar sueldos y condiciones, algo que ya están intentando hacer algunas empresas.
La reducción de la jornada laboral para repartir el empleo es una política central, pero no es la única necesaria. También es perentorio un reforzamiento de los servicios sociales que contribuya a un proceso de desmercantilización y permita a la población cubrir sus necesidades sanitarias, educativas, etc.
Una segunda idea es la redistribución de la riqueza acumulada por quienes poseen o gestionan los medios de producción. No podemos dejar de lado la inmensa creación de riqueza que el capitalismo ha generado en los últimos dos siglos, pero especialmente desde mediados del siglo XX. Aquí entran estrategias de reapropiación del sindicalismo clásico: la recuperación de la fábrica, de los espacios, de las tierras, de los saberes, etc. Además, esto facilitaría que la riqueza común acumulada en infraestructuras y beneficios reporte de nuevo al territorio, convirtiéndose en la base de una subsistencia no mercantilizada ni estatalizada.
Una de los problemas a encarar por estas transformaciones es que la balanza fiscal de Hego Euskal Herria se compensa parcialmente por la tributación de las grandes empresas. De este modo, una desarticulación del tejido industrial vasco (que va a ocurrir independientemente del tipo de políticas que se pongan en marcha) puede generar una pérdida de servicios sociales por una menor capacidad recaudatoria del gobierno. Frente a ello, es importante recalcar el cambio que se ha venido operando en el neoliberalismo, mediante el cual el grueso del sostén del presupuesto de las administraciones ya no proviene de las empresas, especialmente de las grandes, sino crecientemente de la población a través del IRPF y de impuestos indirectos como el IVA (Álvarez, 2022). Por ello, otra medida para hacer posible esta transición es avanzar decididamente hacia una fiscalidad más progresiva y justa. Además, esto se debe complementar con un incremento de la autonomía social y, por ello, una menor dependencia de los servicios públicos que pueden tornarse de estatales a comunes. En esa dirección sería necesario concebir el derecho o los cuidados como bienes comunes compartidos (Lloredo, 2020).
En tercer lugar, la pequeña escala de una parte sustancial del tejido empresarial puede facilitar los programas de transición. También la rica experiencia cooperativa existente. Donde hay más problemas es en grandes empresas, como Petronor. En contrapartida, son los sectores donde más capacidad de reinversión de beneficios en la transición existe y más potencialidad hay de que la infraestructura construida pueda convertirse en materia prima de nuevas actividades económicas.
En definitiva, la apuesta por el decrecimiento como propuesta política para avanzar hacia sociedades justas, democráticas y sostenibles es una nueva vía para que el sindicalismo se convierta en timón, y no en perdedor, de las transformaciones en marcha. Antes de verse atrapado en la dicotomía de la pérdida de empleo o la continuación de la destrucción capitalista es necesario articular planes de transición justa que aúnen derechos labores y actividades económicas compatibles y conducentes al decrecimiento. Planes que puedan imponerse colectivamente a los diferentes sectores mediante la lucha y la negociación colectiva.