(Estudios 50) Análisis de los presupuestos del Gobierno Vasco para 2024: continuismo ante una coyuntura de movilización social
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Introducción
El proyecto de presupuesto del Gobierno Vasco para el año 2024 se presenta en una coyuntura de incertidumbre, tanto en el plano internacional como en nuestro territorio. Venimos de un proceso de empobrecimiento donde la alta inflación, y en particular el alza de los precios de los alimentos y el encarecimiento de las hipotecas, están dificultando de sobremanera que muchas familias puedan llegar a final de mes. Además, las medidas adoptadas para hacer frente a la inflación (en especial las subidas de tipos de interés) están provocando un debilitamiento de la economía, con un crecimiento económico a la baja y un sector industrial que comienza a notar los efectos negativos de la desaceleración. El escenario social y la situación del sector público tampoco son positivos. Recordemos que la pandemia dejó patente la falta de recursos en la sanidad pública, consecuencia de los recortes que ha sufrido el sector público desde la crisis de 2008. Después de tres años, la situación no ha mejorado y a las largas listas de espera, hay que sumar la derivación continua de muchos de los servicios médicos a la sanidad privada, en lo que es una clara estrategia de privatización de la sanidad. Los presupuestos para 2024 podrían ser una oportunidad para ampliar estas partidas, ya que son los últimos presupuestos de la legislatura, previo a las elecciones del próximo año. Sin embargo, como veremos en el informe, no ha sido así.
En lo que respecta a las condiciones de las personas trabajadoras del sector público, también existe una merma de condiciones de trabajo evidente. La temporalidad del sector público vasco alcanza casi el 50%, tres veces superior a la del sector privado. Además, la pérdida acumulada de poder adquisitivo que sufre la plantilla del sector público es del 20%, sobre todo porque las decisiones sobre las condiciones de trabajo se han ido tomando en Madrid y no en la CAPV, con el beneplácito tácito del Gobierno Vasco, que las ha asumido sin rechistar. Por estas razones y por muchas otras (grandes cargas de trabajo, altos ratios, falta de consolidación de los puestos, etc.), el sector público vasco fue a la huelga el pasado 25 de octubre y volverá a hacerlo el próximo 19 de diciembre, por unos servicios públicos fuertes, gratuitos, de calidad y con buenas condiciones laborales. Los presupuestos son la herramienta para hacer esto posible. Cabe señalar que actualmente se está debatiendo la reforma de las reglas fiscales, lo que tendrá efectos en los presupuestos de los próximos años. Es una razón más para aumentar el presupuesto de 2024 y actuar decididamente para cambiar el rumbo de los años anteriores para ayudar a todas aquellas personas con dificultades, así como garantizar unos servicios públicos de calidad.
En este informe se abordarán las políticas presupuestarias de 2022, 2023 y 2024. Para el año 2022 contamos con la liquidación del presupuesto, por lo que conocemos de manera precisa el gasto e ingreso real del año. Para 2023, tenemos la previsión de cierre y para 2024, se realizará una valoración del proyecto presentado por el departamento de Economía y Hacienda.
Selección de gráficos
Conclusión y propuestas
ELA reclama, en línea de lo que venimos pidiendo desde años atrás, las siguientes cuestiones para dar un giro en la política presupuestaria y responder a las necesidades de las mayorías sociales:
Una reforma fiscal urgente y lucha contra el fraude fiscal
La presión fiscal en la CAPV es muy inferior a la de la media de la Unión Europea. Como queda en evidencia en los informes de ELA sobre la fiscalidad, ello se debe al fraude fiscal existente en las rentas no salariales y a que los impuestos que pagan las rentas altas, las empresas y el capital se han reducido en las sucesivas reformas fiscales aprobadas en las últimas décadas. Para equiparar la presión fiscal a la media europea se deberían recaudar al año 5.500 millones más de los que se recaudan.
Por eso es necesario revisar y cambiar de arriba abajo las estructuras de los impuestos, que están diseñados para favorecer los intereses de las empresas y las rentas más altas. No habrá justicia social sin un sistema tributario justo, entendiendo la justicia fiscal desde la redistribución de la riqueza y una recaudación suficiente para garantizar los servicios públicos. Es por eso que, para poder hacer frente al pago de esa deuda sin aplicar recortes en un futuro, es necesaria una reforma fiscal. Hay varias cuestiones que se deben abordar en esa reforma, para las que ELA ya propuso medidas concretas para aumentar los ingresos públicos. Entre los cuales estarían:
• Un IRPF más progresivo. Aumento de los tipos impositivos y modificar la escala, llevando el tipo marginal máximo al 60%; eliminación de la tarifa específica del capital.
• Modificación de la tributación de la EPSV y planes de pensiones.
• Impuesto sobre Sociedades: establecimiento de un tipo mínimo efectivo del 25% sobre los beneficios, eliminar las deducciones e incentivos.
• Impuesto sobre Patrimonio, riqueza y grandes fortunas. Establecer un recargo específico, que sea progresivo y se sitúe entre el 1% y el 10%.
• Aumentar la dotación para la lucha contra el fraude fiscal.
Equiparar la inversión pública en Salud a la media europea
Como hemos indicado el déficit presupuestario del Gobierno Vasco en Salud (5,6% del PIB) respecto a la media de la Unión Europea (8%) es muy grande. Se debería aumentar el presupuesto en Salud el año que viene en un 2,4% del PIB, lo que equivale a 2.272 millones de euros
Equiparar la inversión pública en Educación a la media europea
Al igual que ocurre en Salud, el déficit de inversión pública en Educación es enorme respecto a la media europea. En concreto, se debería aumentar el presupuesto un 17% más de lo previsto para 2024, lo que equivale a 636 millones de euros de incremento respecto a las cifras que ha presentado el proyecto de presupuestos de 2024.
Aumento presupuestario para garantizar el derecho a acceder a una vivienda
Las propuestas de ELA sobre vivienda plantean la necesidad de que se doten los presupuestos en este apartado hasta un 2% del PIB, frente al 0,22% actual. Esto supondría un incremento del presupuesto en al menos 1.900 millones de euros.
Tener unos ingresos garantizados que permitan llevar una vida que merezca la pena ser vivida
La primera medida debe ser dar marcha atrás en los recortes aplicados en los últimos años en la cuantía de la RGI en la CAPV. Tener unos ingresos garantizados dignos y para todas las personas que los necesiten es un elemento de justicia social que, además, evitaría las situaciones de mayor precariedad y bajos salarios.
Fondo público para impulsar la transición ecosocial
La política industrial del Gobierno Vasco está entregada a los intereses de las grandes empresas, incluidas las de los sectores que más responsabilidad tienen en la crisis climática. Una transición ecosocial justa requiere primar los intereses de la mayoría social respecto a los de empresas como Petronor, Iberdrola o el lobby automovilístico. Por ello ELA defiende la necesidad de crear un fondo público para la transición ecosocial dotado con 2.300 millones de euros.
Realizar un análisis del presupuesto con enfoque de género
Los presupuestos del Gobierno Vasco no incorporan un análisis con enfoque de género mínimamente adecuado. ELA demanda que a lo largo de 2024 se haga un análisis riguroso desde esta perspectiva, con participación social, y que el Gobierno se comprometa a dar respuesta a las necesidades presupuestarias que resulten de dicho análisis.
Acordar en la CAPV las condiciones de trabajo del personal al servicio del Gobierno Vasco
Las condiciones de trabajo del personal de la Administración pública vasca deben ser decididas y acordadas en nuestro territorio. Para ello debe existir un compromiso político para respetar el resultado de las mesas de la negociación colectiva del sector público vasco y una voluntad política de llegar a acuerdos en esas mesas.
