Sí a los escraches, sí a la libertad de expresión

Propuesta del Boletín 19 del Gabinete de Estudios de ELA

Resurge con el ‘corralito’ en 2001. Las juventudes peronistas, lo utilizaron contra el presidente Fernando de la Rúa -al que llamaban "Fernando de la duda"- y contra miembros de su Gobierno, a quienes se consideraba responsables de la ruinosa situación económica del país. En Estados Unidos, como ha señalado Vicenc Navarro, los escraches ante los domicilios de políticos y banqueros son habituales.

En el estado español las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios han puesta en marcha la misma iniciativa, estando la palabra escrache en boca de todos.

Las celebradas hasta ahora, incluso aquí en Euskal Herria, han sido protestas, concentraciones pacíficas ante sedes de partidos políticos o domicilios personales de responsables políticos. Poco ha hecho falta para que gobernantes y políticos denunciados hayan adoptado medidas represivas y discursos malintencionados que no buscaban otra cosa que criminalizar a dinamizadores y participantes en los mismos, para que realmente no se hable de la denuncia, de la pobreza, de los desahucios, de sus responsables y de las soluciones posibles.

Seamos todos y todas responsables, señores políticos. Gobernar supone responsabilidad, aunque en ocasiones resulte incómodo. Más allá de escucharse a sí mismos, escuchen al pueblo, respeten la libertad de expresión, no provoquen crispación y no se extralimiten.

Y así lo ha establecido el TSJPV en la sentencia que resuelve el recurso interpuesto por las plataformas en contra de la decisión del Gobierno Vasco de establecer un perímetro de 300 metros para los escraches, al señalar que “fijar un perímetro sería extralimitarse” y que el “derecho de reunión no puede ser limitado a priori por disposiciones administrativas”.

La gente lo está pasando realmente mal y ahora más que nunca se siente con motivos, fuerzas y ganas de denunciar. Un acto humilde ha resultado muy incómodo para algunos

Quienes tienen una responsabilidad pública no pueden pretender que sus acciones no tengan repercusión más allá de los despachos oficiales. Tienen que asumir las consecuencias de sus actos, para lo bueno y para lo malo. Y no hay que olvidar que no estamos hablando más que actuaciones no violentas.

Apelar al derecho a la intimidad no puede ser un argumento para limitar el derecho a manifestarse. Mucho más grave es, por ejemplo, el atentado al derecho a la intimidad que supone desahuciar a una familia, con niños y niñas incluidas, que tener que “aguantar” una concentración delante del domicilio. Los mismos que no tienen problemas para impedir que se adopten medidas que eviten los desahucios ponen el grito en el cielo con los escraches. Es una gran hipocresía.

La gente lo está pasando realmente mal y ahora más que nunca se siente con motivos, fuerzas y ganas de denunciar. Un acto humilde ha resultado muy incómodo para algunos. Que se pregunten por qué, que cada cual aguante su vela, que lo suyo no es nada comparado con lo que hacen sufrir a la gente.