[Publicación] Análisis de Coyuntura 142: ¿Crisis transitoria o estructural?
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¿Cuáles son las consecuencias?
La inflación está produciendo el encarecimiento de la vida en todas sus vertientes, y es que la subida generalizada de precios es una realidad cada vez más visible en productos de todo tipo. En EEUU el IPC alcanzó la cota del 6,4% en marzo, en la UE en febrero llegó al 6,2%. En el Estado español, en marzo, la tasa de variación anual del IPC alcanzó el 9,8%, lo que supuso el duodécimo mes consecutivo con una tasa superior al establecido como objetivo por el BCE y la cifras más alta desde el año 1985.
Como hemos señalado, el encarecimiento proviene fundamentalmente de la electricidad y del gas. Pero el precio de otros componentes también ha comenzado a subir. De hecho, la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta los precios con mayor volatilidad (el precio de los alimentos no elaborados y de la energía), continúa también su senda alcista y ascendió el mes de marzo hasta el 3,4%. El repunte de este indicador muestra que las empresas están derivando al precio final el aumento de costes de la energía y de las materias primas.
Los salarios deben ganar poder adquisitivo: no a las políticas de devaluación salarial
Los salarios no deben perder poder adquisitivo. En realidad, deberían ganarlo, para que el reparto de la riqueza se haga de manera justa y socialmente adecuada. Sin embargo, en un contexto como el actual, con una elevada inflación y un escenario de incertidumbre, los empresarios y los gobiernos, al servicio de la clase dominante, tienen la tentación de aprovechar la coyuntura para impulsar políticas de devaluación salarial que favorezcan el excedente empresarial.
Así está ocurriendo, por ejemplo, con las personas pensionistas, que han perdido más de dos puntos de poder adquisitivo, ya que la subida de las pensiones se ha quedado en el 3,5%. Lo mismo pasa con el Salario Mínimo Interprofesional, que ha subido en 2022 solo el 3,4% (frente al IPC del 6,5%), con lo que se perjudica especialmente a las personas asalariadas con menores ingresos. Y también con el personal al servicio de las administraciones públicas, a quienes se les ha impuesto una “subida” de solo el 2%. Todo ello en un contexto en el que en 2021 las empresas del Ibex-35 han tenido
unos beneficios que nunca habían alcanzado y, a su vez, las remuneraciones de sus Consejos de Administración aumentaron un 12% respecto al ejercicio anterior.
Cabe señalar que la pérdida de poder adquisitivo no es una cuestión que se produzca solo ahora. El informe de salarios publicado por la Hacienda Foral de Gipuzkoa muestra que desde 2011 hasta 2020 la cuantía del salario medio creció un 5% en ese territorio, mientras que la inflación lo hizo prácticamente el doble (el 9,7%). Además, se ve que la pérdida de poder adquisitivo es aún mayor entre quienes tienen ingresos más bajos. Por lo tanto, podemos concluir que la inflación es una herramienta para aumentar la tasa de ganancia empresarial, a costa de reducir el salario real de la clase trabajadora.
En este contexto, ELA:
- Considera fundamental que los convenios colectivos garanticen la subida salarial al menos equivalente al IPC del ejercicio anterior, como está ocurriendo en sectores como el Comercio de Alimentación de Bizkaia, el Metal de Gipuzkoa o la limpieza viaria de este mismo territorio.
- Rechaza los llamamientos que se están haciendo desde los poderes públicos y empresariales al llamado “pacto de rentas”, que en la práctica es la aceptación de que los salarios pierdan poder adquisitivo.
