Guía práctica de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor

2020/07/02
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El avance de los derechos de las mujeres es incuestionable. Las políticas y leyes de igualdad de género recogen así los cambios y transformaciones sociales de los últimos tiempos en donde el feminismo ha venido para quedarse. Las huelgas feministas de 2018 y 2019, aquí y a nivel internacional, así lo atestiguan.

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No obstante, conviene no bajar la guardia ante los derechos conquistados, especialmente en el caso de las mujeres, más aún en épocas en las que el auge del feminismo viene acompañado de la expansión de la derecha-extrema derecha.

Esta guía es una guía práctica de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor. A pesar de tratarse de un recurso informativo y práctico, recoge a su vez avances en términos simbólicos y reales.

Por ejemplo, el hecho de que a partir de 01/04/2019, las prestaciones por maternidad y paternidad se unifiquen y equiparen (sin importar el sexo de las personas progenitoras) en una única prestación denominada prestación por nacimiento y cuidado de menor, que se reconozca la intransferibilidad de los permisos parentales cuestionando roles y modelos de familia tradicionales, o donde antes se recogía como beneficiarios a los trabajadores ahora se refiera a personas trabajadoras, y/o que el término parto sea sustituido por el de nacimiento, representan adelantos importantes.

El lenguaje no es baladí, sobre todo si queremos cambiar imaginarios y romper con una cultura machista que discrimina a la mitad de la población.

Ahora bien, no podemos dejar de señalar también posibles peligros ante estos mecanismos de igualdad formales, y tenemos que relativizar su impacto ya que las medidas y avances en materia de equidad de género puntuales no resuelven problemas estructurales de fondo como la crisis de los cuidados.

La reorganización del sistema público de cuidados tiene que seguir siendo una reivindicación central de cualquier agenda política con vocación de cambio real y feminista.

A día de hoy no existe una infraestructura pública e integral de cuidado que atienda las distintas etapas de la vida, y contamos con grandes carencias por ejemplo en lo que respecta a la cobertura pública de cero a tres años.

Advertimos también el peligro de que este tipo de medidas pueda dividir a las clase trabajadora: unas con derechos y otras sin derechos porque la población que podrá acceder a estas medidas será una población asalariada concreta y de una condición socio económica determinada: ¿quién puede estar sin salario dieciséis semanas? En este sentido, el empleo sigue siendo la primera fuente de obtención de derechos sociales básicos y en donde gran parte de la población asalariada y sobre todo no asalariada queda excluida.

Igualmente, se puede abrir una brecha clara entre las/os trabajadoras/es del sector público y el sector privado. Recordad que la duración de los permisos parentales del personal funcionario de la administración pública de la CAPV es de dieciocho semanas.

Esperemos que no sea otro instrumento más de blanqueo o lavado de imagen morado.