Por una salida justa, con medidas concretas

Mikel Noval, responsable del Gabinete de Estudios de ELA (articulo publicado en Hordago-El Salto)

Nos enfrentamos al riesgo de que, como ocurrió tras la crisis de 2008 y las anteriores, se aproveche la misma para aplicar todo tipo de recortes y de medidas impopulares que en otra situación no se podrían imponer debido a la resistencia de la población. Las declaraciones del Lehendakari Iñigo Urkullu al grupo Vocento, en las que califica de privilegiados a quienes trabajan en el sector público y se muestra favorable a que asuman sacrificios, van en esa dirección. Parece que se quiere pasar de aplaudir a las 8 a recortar los salarios del personal sanitario, así como del resto de quienes trabajan en lo público.

La respuesta a la crisis no está siendo acorde a las necesidades. Se han adoptado algunas medidas calificadas como escudo social, pero están siendo muy escasas y, lo que es muy importante, limitadas en el tiempo y en la causa (el coronavirus). La caída de la actividad económica va a dar lugar a una fuerte reducción de los ingresos públicos (se estima que entre un 20 y un 25%, unos 3.000 millones de euros en la CAPV y 800 en Navarra). Si no se adoptan medidas inmediatas que conlleven un importante incremento de los ingresos de las haciendas se va a producir un fuerte aumento del déficit y la deuda pública, siendo el preludio de futuros recortes.

Europa cada vez más a la deriva. El Banco Central Europeo (BCE) sigue sin prestar directamente dinero a los gobiernos, lo que permite todo tipo de especulaciones, como la de la prima de riesgo, poniendo en peligro en especial a los gobiernos del Sur. Además, sigue teniendo como objetivo prioritario salvar a la banca. Para ello ha profundizado en las medidas de los últimos años: 3 billones de “préstamos” a la banca, a un tipo de interés negativo del 0,75% y nuevos programas de compra a la banca de activos de deuda pública o privada. Nada nuevo bajo el sol del coronavirus.

Sobre los acuerdos alcanzados entre los distintos gobiernos europeos, hasta ahora son distintas modalidades de préstamos (que hay que devolver con intereses). Además conllevan condicionalidad en las políticas que se aplican (versiones más o menos matizadas de los hombres de negro). La reciente propuesta del eje franco-alemán (Macron-Merkel) deja clara la condicionalidad, y aunque apunta a que puede haber algún margen para aumentar el presupuesto directo, en ningún caso se dará respuesta a la gravedad de la crisis ni a la urgencia requerida de las medidas.

Varias son las conclusiones sobre lo ocurrido hasta ahora. Una, que la salida que se dio a la crisis de 2008 no fue justa. Otra, que la crisis del coronavirus ha evidenciado que lo que garantiza la vida de las personas son los servicios esenciales, los servicios públicos, lo común. Una tercera, que hay que contar con un mejor sistema de prestaciones y derechos sociales, para no dejar a nadie en la estacada. También parece compartirse la necesaria transformación social y ecológica del sistema productivo, más aún ante la dependencia exterior en sectores esenciales.

Ello supone abandonar las políticas de austeridad seguidas tras la crisis de 2008, romper con el marco presupuestario que se ha pretendido constitucionalizar en el ámbito europeo y en cada estado: acabar con los límites de deuda, déficit o regla de gasto; dar marcha atrás en la reforma del artículo 135 de la Constitución, en las consiguientes leyes de estabilidad presupuestaria, y en los acuerdos firmados por el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra con el estado español que avalan esa austeridad.

Junto a ello hay que avanzar de manera urgente en 5 ámbitos prioritarios. En primer lugar, aumentar los ingresos públicos a través de los impuestos a las rentas altas, a las empresas y al capital. En el Impuesto sobre Sociedades se podrían recaudar 1.750 millones en la CAPV y 400 en Navarra eliminando las deducciones y estableciendo un recargo especial en la declaración del Impuesto de Sociedades equivalente al 20% de los beneficios de 2019. Un recargo específico progresivo en el Impuesto sobre Patrimonio, Riqueza y Grandes Fortunas, entre el 1 y el 10%, supondrían 2.000 millones más en la CAPV y 500 en Navarra. Solo estas medidas compensarían, y de sobra, la pérdida de recaudación prevista por la covid19. El discurso unánime entre quienes gobiernan en Euskal Herria es que ahora no es el momento de hacer cambios fiscales. Como hemos señalado, eso es optar por los recortes. También es necesaria la paralización de grandes infraestructuras, como el Tren de Alta Velocidad o el Canal de Navarra, destinando ese dinero a los presupuestos sociales.

En segundo lugar, hay que fortalecer el sector público. Ello pasa por eliminar el enorme déficit en Sanidad o Educación respecto a la media europea, publificar los sectores subcontratados (como residencias, atención domiciliaria, ambulancias, limpieza) garantizando la consolidación del empleo, o consolidar el empleo de todo el personal temporal en la administración.

El tercer ámbito es garantizar unos ingresos suficientes para todas las personas. Establecer la RGI y la RG en el 100% del SMI (1.108 euros en doce meses), incrementada en el 50% por persona adicional, como demandaba la ILP de la Carta de Derechos Sociales, no admitida a trámite en ni en Navarra ni en la CAPV. Complementar las pensiones hasta los 1.080 euros mensuales, que todas las personas en desempleo tengan unos ingresos mínimos equivalentes al SMI, y complementar los ingresos por ERTE son medidas también necesarias.

En cuarto lugar, poner la vida y el cuidado en el centro pasa por garantizar por Ley el derecho subjetivo efectivo a que todas las situaciones de dependencia sean cubiertas mediante un sistema público, universal, gratuito y de calidad, entre otras medidas.

Y el quinto ámbito es el del empleo y la transformación social y ecológica del sistema: reducción de la jornada a 35 horas, salario mínimo de 1.200 euros, acabar con la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres. Las instituciones deben contar con instrumentos para poder llevar a cabo sus políticas: poner Kutxabank en manos públicas, la creación de la banca pública navarra y la recuperación de empresas y sectores privatizados, irían en esa dirección. Así como destinar las partidas presupuestarias para la internacionalización de las empresas a la relocalización y al impulso de los empleos verdes.

Es evidente la falta de voluntad política para avanzar en esta dirección. Por eso es más necesaria que nunca la movilización social para exigir que la crisis no la paguemos las y los de siempre, sino que sea asumida por quienes más tienen. Porque es justo, y porque pueden. Vamos a seguir profundizando en la movilización, como hicimos en la huelga general del 30 de enero, convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Y vamos también a interpelar a la izquierda política para que todas estas reivindicaciones se conviertan en ejes centrales de su acción diaria. Es necesario hacer pedagogía, plantear propuestas y movilizarse a favor de ellas. Esa es nuestra tarea.

Este artículo está basado en el documento "Por una salida justa. Propuesta política de ELA".